Treinta y ocho familias del barrio Virgen del Carmen, en Alicante, han sido desalojadas hoy de las viviendas que ocupaban, después de que la Administración valenciana detectara problemas de titularidad en las casas, falta de higiene y posible comisión de delitos, especialmente de narcotráfico. El desalojo, en el que ha intervenido un centenar de policías, tanto nacionales como locales, ha tenido lugar en un inmueble que, formado por cuatro bloques de viviendas unidos por espacios comunes, está ubicado en la zona norte de la capital alicantina.

Conocido en términos policiales como "el callejón de la muerte", este inmueble está integrado por 65 viviendas, las cuales han sido desalojadas por orden judicial y a petición del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), titular de las casas. El desalojo, del que se informó a los vecinos hace ocho meses, tiene su origen en "problemas de impago, mala convivencia, numerosos conflictos, falta de titularidad, delitos y escasa salubridad", según las citadas fuentes.

De las 65 viviendas intervenidas, todas ellas de titularidad pública bajo régimen de arrendamiento y/o con opción de compra, veinte estaban vacías, y el número de familias afectadas es de 38. Sólo doce de estas últimas tienen el expediente de titularidad en regla, por lo que, según fuentes del IVVSA, ya han sido realojadas en otras viviendas de titularidad pública.

Desde que se ha iniciado el desalojo, a las 08.00 horas de hoy, los vecinos, entre los que se encuentran ancianos, niños y mujeres embarazadas, permanecen en la calle mientras de forma ordenada y bajo custodia policial están sacando sus enseres al exterior. Los vecinos han tachado de "injusta, egoísta e inhumana" esta actuación de desalojo, en la que, según fuentes policiales, han sido detenidas cuatro personas, una de ellas por tratar de impedir a los agentes que accedieran al inmueble y las otras tres por tener órdenes de búsqueda.

Algunas de los vecinos han asegurado que accedieron a las viviendas "tras tirar la puerta abajo" o, según han indicado otras, "al ver que la puerta de la casa estaba abierta". Tras preguntarse dónde dormirán hoy sus pequeños, José, de 34 años, ha trasladado sus críticas a quienes "hablan cada cuatro años de viviendas y se esconden en momentos como el de hoy", en alusión a los políticos, quienes, a su juicio, "son unos egoístas".

Algunas de las declaraciones que han realizado los afectados han estado relacionadas con la inmigración, si bien se han escuchado exclamaciones contrarias a la discriminación que "los payos dan a los gitanos" y al hecho de que "quienes venden droga han provocado que ahora paguemos justos por pecadores". Ventanas arrancadas, cañerías desmontadas, habitaciones repletas de basura, colchones deteriorados y barrotes metálicos instalados en las puertas para impedir la entrada de la Policía reflejan el deterioro de la mayoría de estas viviendas.

Algunas de estas casas han sido utilizadas por su moradores como puntos de venta de sustancias estupefacientes, según han informado fuentes policiales. El olor en muchas de estas viviendas es "insoportable", falsos techos de escayola están arrancados para facilitar el desmontaje del tendido eléctrico, algunos tramos de cañería de cobre han sido arrancados y los juguetes se mezclan con botellas vacías de lejía.

La Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), ha anunciado que destinará tres millones de euros a la rehabilitación de este inmueble, cuyas obras comenzarán de forma inmediata.