La primera en reivindicar la figura del maestro como autoridad dentro y fuera del aula fue la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tras ella, y siguiendo su modelo, otras comunidades gobernadas por el PP, con Castilla-La Mancha a la cabeza, han aprobado (o están en vías) sus propias leyes. Ahora, la pretensión del PP de poner coto a la indisciplina que, a su entender, se ha desatado en las escuelas y, sobre todo, en los institutos llega finalmente al Congreso. Los docentes serán, pues, autoridades públicas en toda España. Será el próximo martes, mediante una proposición no de ley que plantea la actualización del decreto que regula los derechos y deberes de los alumnos, un texto de 1995 que, según el PP, ha quedado superado por la realidad.
