El pasado cinco de marzo, salía el economista madrileño Jesús Cubero de una comida por su 50 cumpleaños cuando le sonó el móvil. Llamaba una residencia de Madrid; estaban en situación crítica. Era el comienzo de tres meses de infierno de los que el secretario general de AESTE, patronal mayoritaria de los geriátricos, ha sido testigo principal.

—¿Por qué está habiendo rebrotes en las residencias?

—Hay rebrostes en toda la sociedad. Si se retoma la normalidad en las visitas a las residencias, es más fácil que se contagie algún trabajador o que un familiar contagie a residentes. Por eso, si se detecta un caso, cortamos visitas. Estamos intranquilos. Deberían ser más férreos los gobiernos con las salidas de los residentes. Cuando sale alguien de una residencia a un entorno no controlado, a visitar a la familia, a un centro comercial o a comer fuera, no sabes cómo vuelve, aunque le tomes la temperatura cuando entre y no manifieste síntomas. Hay rebrotes: pedimos a las familias y los gobiernos que no se relajen con las salidas de los mayores a la calle. Los mayores deben salir de sus habitaciones, por supuesto, y pasear por los jardines, pero no pasa nada por aguantar un poco más en las residencias.

—¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en los geriátricos?

—La Ley de Atención a la Dependencia nace en 2006 sin dotación presupuestaria. El sistema está previsto para la sociedad de hace 14 años, y las necesidades de hoy de los mayores no tienen que ver con las de hace 14 años. La pandemia ha demostrado que se necesita mayor apoyo sanitario para las residencias, y hasta ahora no estaba concebido el sistema para eso. Las residencias son sitios donde se cuida, no donde se cura: el responsable de la asistencia sanitaria es el sistema de salud. Se dio la voz de alerta tarde a las residencias. Habría venido bien haber sabido antes lo que se nos venía encima.

—¿Por qué no se dividieron las residencias en zonas limpias y zonas contagiadas? ¿Por qué no se dieron a los trabajadores mascarillas y EPIs?

—No había suficientes test, y los EPIs costó mucho que llegaran. Estamos alertando para que no vuelva a pasar que se sature el mercado y no tengamos stock.

—¿Es que las residencias no tuvieron ninguna responsabilidad en lo ocurrido?

—Hemos tenido responsabilidad en no haber insistido más a las administraciones en cambiar el modelo. El sistema necesitaba mayor apoyo sanitario, y no fuimos lo bastante beligerantes para haberlo cambiado, sin que tuviera que venir la pandemia a ponerlo en evidencia.

—¿Qué le parecen las órdenes de no derivación hospitalaria de ancianos que se impartieron?

—Entiendo que, cuando un profesional toma esa decisión, piensa en el bien general. Me imagino que en protocolos de gestión hospitalaria deben tomar decisiones y fijar prioridades. Y si alguna actuación que no se ajusta a la ley, que investigue la fiscalía. Pero si la Sociedad Española de Geriatría avala las decisiones que han tomado los geriatras, entenderán que son correctas. A nosotros nos hubiera gustado que todos los mayores hubieran sido atendidos, pero no soy médico; no me siento capacitado para opinar si fue correcto o no.

—Entonces como ciudadano: ¿el derecho a la salud de un anciano es menor que el de un joven? ¿Fueron justos los protocolos?

—Por el hecho de ser mayor ninguna persona tiene menos derecho a ser atendida en un hospital. Para una generación que ha pasado una posguerra, levantado un país, entregado un sistema de seguridad social y sanidad como el que tenemos, que nos ha dado todo en la vida y nos ha ayudado en la crisis, que ahora no haya podido tener la atención que merece… no es justo

—EL PERIÓDICO publicó un audio en el que la médico de una residencia le dice a la hija de una interna que no puede derivar a su madre. ¿Qué impresión le dio?

—En los días más duros de la pandemia todos los profesionales vivimos mucha tensión e impotencia. Me entristece que se hayan dado situaciones como esa. Hace reflexionar en qué podemos hacer para que eso no se produzca en el futuro.

—¿Cómo llevan la investigación de la fiscalía?

—Estamos satisfechos. Hasta ahora en todas las diligencias se está viendo que nos ajustamos a lo que han ido dictando las autoridades, y que actuamos bien. Si hay alguna residencia que no ha hecho como es debido, la fiscalía debe actuar como mande la ley...

—¿Hicieron ustedes todo lo que estuvo en su mano para clamar por que sus ancianos fueran a los hospitales?

—No tenga ninguna duda.