Un juzgado de Oviedo ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno de Asturias durante la etapa de Francisco Álvarez-Cascos contra la decisión adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy de eliminar más de 213 millones de euros los fondos mineros destinados a infraestructuras.
La sentencia, contra la que puede recurrir el Ministerio de Industria ante la Audiencia Nacional en el plazo de 15 días, ha sido dada a conocer hoy por Álvarez-Cascos, presidente de Foro, que ha afirmado que le toca ahora al Gobierno socialista de Javier Fernández y a los ayuntamientos mineros afectados reclamar los convenios que fueron anulados en el primer consejo de ministros celebrado por Rajoy el 30 de diciembre de 2011.
El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo establece que la decisión del Consejo de Ministros no responde a una "imposibilidad económica sobrevenida", que no pueden eliminarse esos fondos de forma unilateral y que deben ser revisados los convenios objeto de recurso uno por uno para determinar las cantidad adeudada.
El Ejecutivo de Álvarez-Cascos interpuso este recurso contencioso-administrativo, que ha mantenido activo el actual Gobierno socialista, al considerar que la decisión adoptada por Rajoy para contener el déficit era ilegal y alteraba la lealtad institucional.
En declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez Cascos ha mostrado hoy satisfacción por ver reconocida en parte las tesis del Principado, que se vio obligado entonces a hacer frente al pago de obras que debían financiarse con cargo a los fondos mineros, destinados a compensar el ajuste del carbón.
La sentencia, según ha señalado Cascos, deja claro que los convenios de los fondos mineros son de colaboración, que están amparados por la ley general de subvenciones y que, por lo tanto, tampoco pueden ser denunciados unilateralmente por una de las partes.
Ha añadido que la sentencia confirma que los acuerdos de contención del gasto público y consolidación fiscal con los que el Gobierno de Rajoy pretendía eliminar y no transferir esos fondos mineros "no suponen una imposibilidad económica sobrevenida para el pago de las subvenciones concedidas".
Según Cascos, la sentencia estima parcialmente el recurso del Principado porque establece que, frente a los 213 millones de euros en los que se cifraba el perjuicio del que había sido objeto el Principado, se determinen las cantidades a pagar por los compromisos adquiridos por el Estado convenio por convenio con el fin de determinar qué parte de las obras han sido ejecutadas y qué incidencias se ha producido en cada caso.
El presidente de Foro Asturias ha destacado además que el fallo tiene en cuenta que, aún en el caso de que los gastos de las obras se hayan justificado fuera de plazo, no puede producirse una pérdida total de la subvención acordada.
"Espero que el Gobierno socialista esté a la altura a la hora de reclamar las cantidades adeudadas al Principado convenio a convenio", ha subrayado Álvarez-Cascos, que ha incidido en que lo más importante del fallo judicial es "que la excusa inicial del Gobierno de Rajoy y del Ministerio de Industria se ha quedado sin sostén jurídico".
Por último, ha asegurado que espera que esto sirva para que Asturias pueda ser resarcida de forma muy importante por la eliminación de 213 millones de euros que debía haber recibido para mejorar sus infraestructuras.
