Quien resiste gana, decía el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. Y esta máxima se ha hecho realidad para los padres de Antonio Meño, un hombre de 42 años que lleva 21 en coma, estado en el que quedó durante una operación plástica de nariz en la clínica Nuestra Señora de América, de Madrid. Los padres han dedicado las últimas dos décadas a exigir justicia. Hasta ahora, todos los tribunales por los que habían pasado les habían negado la razón, pero ayer el Tribunal Supremo ordenó reabrir el proceso civil para que puedan reclamar una indemnización para su hijo.

Los padres del joven, ya mayores, perdieron su casa para hacer frente a las costas judiciales de los anteriores procesos, tasadas en 400.000 euros, y desde hace casi un año y medio viven acampados en una céntrica plaza de Madrid.

El Supremo ha admitido su petición tras la aparición providencial de un médico que estuvo presente en la intervención como becario del cirujano plástico Miguel Ballester. Dicho testigo, Ignacio Frade, decidió contar la verdad tras saber que la familia no había recibido ningún tipo de indemnización.

Por ello, el pasado 13 de febrero reveló que el anestesista de aquella intervención quirúrgica, Francisco de Paula González, no estaba en el quirófano cuando él detectó que "se había producido una alteración del ritmo cardiaco". Al volver a la sala de operaciones, el anestesista, según su versión, exclamó: "¡Dios mío, se ha desconectado!" y comenzó a ventilar al joven con oxígeno puro antes de intentar despertarle, pero ya no lo consiguió.

Estos hechos fueron ocultados en los sucesivos procesos tramitados por un juzgado, por la Audiencia de Madrid y por el Tribunal Supremo, que solo valoraron el informe redactado por el anestesista.

LOS ARGUMENTOS Ahora, el Supremo ordena que se reabra el caso por entender que en los anteriores procesos "hubo maquinación fraudulenta" por los médicos y de la clínica. El alto tribunal considera que el fraude se gestó "fuera del proceso entre los profesionales intervinientes en la rinoplastia con el fin de impedir a los perjudicados aproximarse remotamente a la realidad de lo ocurrido, generando una total oscuridad sobre ello".

El caso no llegará de nuevo a juicio si se llega a un acuerdo económico que permita a los padres de Meño respirar tranquilos al asegurarse de que su hijo recibirá la asistencia médica que precisa cuando ellos fallezcan.