Aunque el Gobierno murciano achaca la mortandad de 3.000 kilos de peces en el Mar Menor al agua dulce que entró en su interior por los efectos de la gota fría del mes pasado, los ciudadanos, ecologistas y pescadores sostienen que la situación de la laguna es el resultado de años de dejadez a causa de un modelo de crecimiento insostenible en el que ha prevalecido la agricultura intensiva, el desarrollo urbanístico y un incumplimiento continuo de las normas europeas que establecen la protección de la biodiversidad, y el uso de nitratos. Para ellos, la DANA ha sido el desencadenante y no la causa principal del episodio.

Desde el domingo pasado, los murcianos piden más que nunca solución para sacar al Mar Menor de la uci. Grupos ecologistas, pescadores, asociaciones vecinales y miembros de la plataforma Pacto por el Mar Menor proponen la aplicación de ocho medidas imprescindibles para salvar este ecosistema. Las más prioritarias: el cierre de todos los pozos y desalobradoras ilegales que han funcionado bajo la impunidad durante 25 años, así como la reconversión de la agricultura intensiva que incumple normativas; la urgencia de renaturalizar el entorno del Mar Menor, que incluye la restauración de los cauces de las ramblas a su estado original, y la creación de un cinturón verde entorno a la laguna que integre una red de filtros verdes. Otra propuesta es controlar y cesar la expansión del urbanismo alrededor de la laguna y la contemplación de una moratoria urbanística para una ordenación del territorio sostenible.

Plan de gestión integral

Estos grupos solicitan la reparación de la red de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, una gestión de fondos para las medidas adoptadas en la protección del Mar Menor por parte del ministerio y que se vele por el destino de fondos públicos en espacios públicos del entorno del Mar Menor, evitando financiar cualquier infraestructura pública cuya finalidad sea favorecer actividades productivas de carácter privado.

El Gobierno regional ha elaborado el plan de gestión integral, un instrumento para garantizar la conservación de los espacios protegidos del ámbito terrestre y marino que contiene 64 medidas, que regulan las 31.123 hectáreas del espacio. En ellas se marcan las acciones para la conservación, evitar impactos y favorecer la participación de los sectores sociales y económicos.

Este plan contempla el control de la calidad del agua y sedimentos, seguimiento y restauración de los hábitats marinos. También prohíbe las playas artificiales, la construcción de más puertos deportivos y la limitación para ampliar los existentes, así como la limitación de velocidad de las embarcaciones a un máximo de cinco nudos en calados de menos de cuatro metros y se instalarán fondeos ecológicos con boyas para amarre de los barcos en lugar de de echar el ancla en praderas sumergidas.