El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó ayer una de las rectificaciones de su política económica más sonora de los últimos meses. Presionado por los sindicatos y los grupos parlamentarios de izquierda, el Ejecutivo se ha visto obligado a extender la prestación de los 420 euros a parados que hayan agotado sus prestaciones por desempleo después del 1 de enero de este año, y no del 1 de agosto, como figura en el decreto que entró en vigor el 17 de agosto. Esta retroactividad permitirá elevar de 340.000 a 700.000 (el doble) la cifra de posibles aspirantes a esta nueva prestación, cuyo coste para el Estado se elevará hasta los 1.300 millones, frente a los 640 iniciales.
Sobre el número de beneficiarios, y dado que la cifra de extremeños a 1 de agosto era de 9.100, los posibles perceptores en Extremadura se elevarían ahora a unos 18.000.
RAZONES El portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, fue el encargado de presentar ayer el acuerdo con los grupos y de justificar la decisión de aplicar la norma con efectos desde el 1 de enero por razones "de estricta justicia para las personas y familias que más lo necesitan".
Incapaz de explicar por qué algo que hoy es "una auténtica prioridad" no lo era hace dos días --cuando el ministro Celestino Corbacho se mostró inflexible en la fecha del 1 de junio--, o hace dos semanas --cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto, con la referencia del 1 de agosto--, Alonso, con expresión abochornada, solo podía repetir que "lo importante es que la medida salga adelante" y "que podamos arreglar los problemas" de quienes tienen más necesidades. Alonso agradeció el "esfuerzo y la racionalidad" de los sindicatos. Según UGT y CCOO, la ampliación de los 420 euros beneficiará a "prácticamente la totalidad" de los desempleados que han agotado las prestaciones.
A PARTIR DE NOVIEMBRE El trámite parlamentario para dotar de retroactividad al decreto llevará unas semanas. Alonso explicó que, en el mejor de los casos, el decreto modificado no estará aprobado antes de los primeros días de noviembre. Solo a partir de entonces, los parados que hayan agotado su prestación entre el 1 de enero y el 31 de junio podrán solicitar la paga de los 420 euros para un periodo de seis meses. A todos ellos "hay que pedirles la paciencia indispensable", se justificó Alonso. Para quienes incurrieron en esta situación después del 1 agosto, el plazo se abrió el 17 de agosto y continuará con normalidad durante los meses de septiembre, octubre y posteriores, mientras esté vigente la medida. Según Trabajo, ya se han concedido 11.000 prestaciones y se han recibido unas 20.000 solicitudes.
Según el acuerdo del grupo parlamentario socialista con IU, ERC, BNG y Nafarroa Bai --al que se sumaron CiU y Coalición Canaria y al que, después, manifestaron su apoyo PNV y PP (completando todo el arco parlamentario)--, el final de la medida ya no estará condicionado a que la tasa de paro se sitúe por debajo del 17% de la población activa, tal como figura en el actual preámbulo del decreto. "A ver quién es el majo que se atreve a suprimir esta prestación en el futuro", retó el diputado IU, Gaspar Llamazares.
Las acusaciones de "improvisación" le llovieron al Gobierno desde todos los partidos.
