A vueltas con la viabilidad de las autonomías

Puesto que de nuevo se encuentra la sociedad española inmersa en el enésimo debate sobre la viabilidad o eficacia del Estado de las autonomías, sus debilidades y, llegado el caso, la necesidad de reformarlo, conviene no dar tres cuartos al pregonero y manejar argumentos sociales, políticos y jurídicos para determinar dónde nos encontramos, hacía dónde vamos y cuál ha sido el proceso seguido. Un debate tan saludable está torcido de raíz si el motor que lo impulsa y el enfoque adoptado parte de las obsesiones de José María Aznar, que ha calificado el Estado de las Autonomías como "inviable". Está torcido porque Aznar no es precisamente la mejor referencia para alimentarlo, toda vez que cuenta entre sus méritos el haberse opuesto a la Constitución de 1978, la que consagró esta forma novedosa de estructura estatal, que constituyen las comunidades.

De todo lo cual se deduce que debe abordarse el debate desde el rigor y la prudencia, los cuales ponen de manifiesto que el desarrollo constitucional de más de 30 años habido en España en lo que al Título Octavo se refiere ha hecho crecer un sistema que a pesar de todos los errores que se quiera, que los tiene, ha arraigado en los ciudadanos y ha hecho posible que regiones como Extremadura hayan experimentado un desarrollo desconocido en otros periodos históricos de temporalidad similar a la que hay desde la aprobación del Estatuto, en 1983, hasta hoy, en que acaba de aprobarse la mayor reforma del mismo.

Armonizar competencias entre las comunidades y el Estado, sí; evitar duplicidades para ahorrar gastos innecesarios entre administraciones sean del rango que sean, también; abandonar la creencia de que la mejor comunidad es aquella que acapara competencias sin tener en cuenta si de la colaboración con el Estado o con el resto de comunidades puede surgir un sistema cooperativo que dé buenos servicios y que ahorre recursos, naturalmente. Incluso es preciso despejar cualquier duda sobre si las autonomías deben estar sometidas al criterio de déficit del Estado: no podría ser de otra manera, porque también son estado. Rebelarse contra ello, como ha insinuado el nuevo presidente del Gobierno catalán, crea una tensión innecesaria que debilita el propio sistema.

El Estado de las Autonomías no es inviable, como afirma Aznar. Solo por el acercamiento de la Administración a los problemas de los administrados, que es una de sus mayores virtudes, merece su defensa. Pero que sea viable no quiere decir que no sea mejorable. Y en estos momentos de profunda crisis, la mejora debe venir por la eficiencia en la prestación de servicios; por evitar todo gasto innecesario; por sacrificar aspiraciones competenciales al ahorro. En este contexto es lamentable que el Senado no haya tenido en cuenta que la luz verde a la utilización del gallego, catalán y euskera, es vista por el conjunto de la ciudadanía como una medida inaceptable por onerosa. En una situación de crisis, cualquier gasto evitable causa un rechazo en la sociedad --severamente castigada por los recortes-- que termina debilitando aún más el ya de por sí endeble crédito que los políticos españoles conservan.