WLw os vecinos de la localidad de Guadiana se disponen a vivir hoy una jornada disparatada: una consulta, convocada por el alcalde, para decidir si se mantiene o no 'del Caudillo' al nombre del municipio. El alcalde del PP, Antonio Pozo, pretende de este modo dar una pátina de legalidad democrática (sic) a lo que no es más que una manera de saltarse a la torera la ley de la Memoria Histórica, que obliga a la desaparición de los lugares públicos de nombres, instituciones y símbolos que enaltezcan a quienes se alzaron contra la legalidad y sembraron la división, el dolor y la muerte entre los españoles. Pozo se acoge a una perversión de las formas para envolverse en pretendida legalidad y quiere hacer creer que lo democrático es "hacer una consulta" y que "los ciudadanos decidan". No, lo democrático es cumplir la ley emanada de un Parlamento cuya composición han decidido los ciudadanos y responde a la soberanía nacional. Mucho más cuando 'la consulta' no es más que una encuesta sin ningún valor legal, hecha, además, a mayor conveniencia de un alcalde que juega a la neutralidad --se ha sacado de la manga tres posibilidades de voto, como si hubiera una corriente vecinal que quisiera llamar a su pueblo de modo completamente distinto-- mientras mantiene en sus calles y plazas los símbolos más notorios de la dictadura.
La Junta tiene responsabilidad en este asunto porque no debió dejar que las cosas llegaran hasta aquí. Le ha faltado el coraje de hacer cumplir la ley aunque para ello se tuviera que enfrentar a las querencias de un alcalde de sus siglas.
