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Editorial

El escandaloso precio de la luz

El ministro de Industria se ha llevado las manos a la cabeza tras conocer el resultado de la subasta en la que se determinan los precios de la energía eléctrica para enero, que han subido un 26,5%. No es la primera vez que este complejo sistema por el que se determina lo que viene a ser casi la mitad del coste de la tarifa final levanta sospechas.

Quizá sí es novedad que sea el Gobierno quien tire de la manta e incluso reclame la urgente intervención de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) para ver si hay datos que respalden la invalidación del resultado de esta curiosa puja correspondiente a la segunda quincena de diciembre. De confirmarse esa subida en lo que sería el coste neto de la electricidad, el recibo de enero se encarecería en más del 11%, que se añadiría al 4,5% del 2013, al 8,65% del año anterior, al 11,3% del 2011 y así sucesivamente.

La sorpresa del Gobierno sería más creíble si no fuera porque el propio Ministerio de Industria acaba de contradecirse en dos graves decisiones relacionadas con el coste de la energía. En primer lugar, José Manuel Soria , anunció hace tres días una subida para enero del 2% de los llamados peajes, que constituyen la parte regulada de la tarifa. Ese incremento está destinado a sufragar los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa --diferencia entre lo que cobran las compañías y lo que les cuesta producir la energía-- así como su financiación.

El Gobierno se había comprometido con las eléctricas a pagar desde los Presupuestos del 2014 esa cantidad, pero finalmente no lo ha hecho. Doble autodesmentido en cuestión de pocas semanas en el mismo capítulo, el energético. No solo promete una estabilidad a los consumidores que luego incumple, sino que no ofrece seguridad en las reglas de juego a los operadores del sector.

No es de extrañar que Soria sospeche ahora que las compañías que organizan la subasta hayan tratado de compensar los ingresos que el Gobierno les niega. Factores como el probable incremento de la demanda por el descenso de las temperaturas para principios de año, la caída previsible de la producción hidroeléctrica por las escasas lluvias y la menor generación eólica tiran de los precios, una tendencia a la que sin duda contribuye claramente la incertidumbre regulatoria del Gobierno.

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