Una nueva ventana de oferta

El Black Friday lleva camino de consolidarse en nuestro país como una fecha más en el calendario de las ofertas que empresas y comercios lanzan a los consumidores. Esta moda norteamericana en esta ocasión no nos ha llegado de la mano del cine sino del comercio electrónico que ha extendido la costumbre de realizar ofertas el último viernes de noviembre a todo el planeta como las que realizan en Estados Unidos entorno al Día de Acción de Gracias en el que se reúnen la mayoría de familias en aquel país. Los sectores críticos con el consumismo verán en este hecho un paso más en el estímulo desenfrenado al gasto que aleja a los compradores de sus auténticas necesidades. Todos los excesos son malos y ante una avalancha de ofertas como las de estos días los consumidores harán bien en filtrar las llamadas a las compras con sus prioridades y con la capacidad de gasto efectivo que puedan tener sin recurrir al endeudamiento ni al gasto superfluo.

Con todo hay que reconocer que tras el Black Friday hay también el advenimiento de nuevas políticas comerciales por parte de los fabricantes de bienes de consumo como consecuencia de la reordenación que el comercio electrónico impulsa en los costes de distribución y de márketing. Muchas de las ofertas de estos días nacen fundamentalmente de la mejora en la eficiencia de la redes de distribución que contribuye a la reducción de márgenes de algunos de los intermediarios. Trasladar esas ganancias al precio final que se cobra al consumidor no debería ser la excepción sino la regla.

De igual forma, las autoridades que regulan el consumo deberían ser ante este tipo de prácticas tanto o más rigurosos como lo son con las rebajas tradicionales de los comercios para evitar cualquier tipo de fraude, ya sea por la venta de productos de calidad inferior como por la publicidad engañosa de rebajas que en algunas ocasiones no son tales sino simplemente el descuento de un precio previamente inflado artificialmente para la ocasión. Bienvenido sea el Black Friday en aquello que pueda favorecer al consumidor final adecuando los precios a los costes reales y a la demanda. Pero que llegue en condiciones de competencia leal con las prácticas tradicionales y sin menoscabar los derechos que amparan a los consumidores en cualquier circunstancia.