Defender la necesidad de establecer impuestos progresivos antes de la crisis parecía una cuestión sencilla. Se planteaba como una forma de distribuir la riqueza de forma justa, de financiar una sanidad y educación pública y de calidad; que en cualquier momento de nuestra vida, independientemente de la situación económica que atravesáramos, dos de los pilares básicos de cualquier sociedad, estuvieran garantizadas.
La llegada de la supuesta crisis económica instaló en nosotros un miedo, un instinto de supervivencia como defensa a esa situación de peligro que se nos presentó prácticamente sin que nadie nos avisara. Nuestros gobiernos, de la noche a la mañana, dejaron de hablar de todas esas supuestas bondades que había desarrollado nuestro modelo económico para empezar a hablar de los «peligros» a los que nos enfrentábamos. Y como cualquier ser vivo cuando se siente amenazado, tuvimos que empezar a luchar por sobrevivir: luchamos por llegar a fin de mes, porque no nos quitaran nuestra casa, luchamos porque nuestras hijas pudieran ir al colegio, luchamos para poder pagar nuestras medicinas, por tener una pensión el día de mañana... Pero de forma individual, porque en estas circunstancias, bastante tiene uno con sobrevivir.
Así, el gobierno del PSOE y posteriormente el gobierno del PP empezaron a instalar entre nosotros ese mensaje de sálvese quien pueda a través de los recortes interesados: recortes en protección social, en educación, pensiones, políticas de empleo... Todos esos recortes siempre dirigidos hacia la población más débil. Ha sido fácil dividirnos, aislarnos a los unos de los otros.
Estos recortes no se dieron para las clases altas de este país. Al contrario, el gobierno central ideó una «amnistía fiscal para ricos», mediante la cual aquellos que más dinero tenían, en lugar de ser perseguidos por Hacienda como el resto de los mortales, blanquearon sus capitales a bajo coste, aun teniendo en contra a los propios funcionarios de la Agencia Tributaria. Esta amnistía fue defendida por el gobierno como una «medida de recaudación beneficiosa para todos». Y así pudimos ver cómo legalizaban su dinero el Sr. Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Diego Torres y otros ilustres españoles. El Tribunal Constitucional ha anulado recientemente esta amnistía fiscal precisamente por vulnerar parte del Título I de la Constitución que defiende el deber de todos «de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos».
Quienes defienden este modelo individualista y afirman que los impuestos son injustos e innecesarios, han querido también sacar provecho de ese discurso en Extremadura. El PP extremeño ha llegado a afirmar que el impuesto de sucesiones era «injusto y confiscatorio», iniciando una campaña para la práctica supresión del mismo. Esto no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que las competencias legislativas en materia de impuesto de sucesiones son del gobierno central, es decir, también del Partido Popular.
Pero ahí ha estado el PP extremeño, repitiendo como un mantra que el impuesto de sucesiones era injusto, sin distinción de si lo pagaban ricos o pobres ya que, según ellos ya no se puede hacer esa distinción. Esto lo hacía después de que junto al PSOE votaran en contra de una propuesta de impulso de Podemos Extremadura para simplificar el impuesto y mejorar la información a las extremeñas y extremeños. ¿Por qué defendíamos estas propuestas? Porque si algo tenemos claro es que la población no está lo suficientemente informada sobre este impuesto, y esto está causando que muchas extremeñas y extremeños lo estén pagando sin tener que hacerlo.
Como pasa en esta Comunidad con muchas otras cuestiones, la información no llega correctamente a nuestras vecinas y vecinos. Circunstancias como la dispersión, la carencia de transporte público que permita la movilidad ágil entre nuestros pueblos, la falta de calidad en la red de telecomunicaciones, dificultan ese feedback tan necesario para una correcta comunicación. Así, muchas personas desconocen que liquidando el impuesto de sucesiones en los 6 primeros meses tras el fallecimiento el importe a pagar es mínimo, pero transcurridos estos 6 meses, los recargos que aplica la Junta de Extremadura son de hasta un 20%. O que las empresas familiares y explotaciones agrarias están prácticamente exentas del pago del impuesto.
Estamos de acuerdo en conseguir que ningún extremeño pague lo que no le corresponde pero de nada servirá ampliar las bonificaciones del impuesto si la Junta no facilita su gestión a los ciudadanos. Las personas con menos recursos que están sufriendo la exigencia de un pago exagerado e injusto no necesitan la supresión del impuesto, necesitan información y ayuda para gestionarlos y no pagar cuando no les corresponde. Podemos Extremadura siempre ha defendido que hay que revisar y modificar el impuesto porque suprimirlo conllevaría que la administración regional dejaría de percibir unos ingresos muy necesarios.
Nuestras escuelas, hospitales, pensiones, carreteras... necesitan que quienes tienen mayores ingresos contribuyan de manera equitativa y proporcional a cuidar lo que es de todos. Porque lo que deberíamos concluir después de estos años de crisis es que: todos y todas deberíamos contribuir al mantenimiento de lo que es de todos, pero eso sí, cada uno en la medida de sus posibilidades.
*Jaén es secretario general de Podemos Extremadura y Sánchez, consejera ciudadana de esta formación.
