Batalla francesa de las pensiones

Si algo está demostrado es la capacidad de movilización de la sociedad francesa para defender sus derechos adquiridos, sobre todo las personas que trabajan en el sector público. La oposición a la reforma de las pensiones que prepara Emmanuel Macron lo ha vuelto a confirmar. El martes se celebró la tercera jornada nacional de protesta, con casi un centenar de manifestaciones y una participación menor que en la primera del 5 de diciembre, pero mayor -casi el doble- que en la segunda, el día 10. La tercera jornada recuperó la unidad sindical tras una década de división, al sumarse a las manifestaciones, aunque en cabeceras separadas, el principal sindicato, la CFDT. Esta central apoya la reforma -la eliminación de los 42 regímenes especiales y la instauración de un sistema universal único por puntos según las cotizaciones-, pero rechaza la jubilación completa a los 64 años, aunque la edad legal seguirá en 62, una medida anunciada por el primer ministro, Édouard Philippe, el pasado miércoles, cuando explicó el proyecto de ley.

El conflicto se ha endurecido -el martes fue el decimotercer día sin transportes, con solo un tren de cada cuatro de larga distancia y uno de cada cinco en cercanías y más 8 de 14 líneas de metro cerradas en París- y amenaza con dejar a los franceses sin poder desplazarse en las fiestas navideñas y a muchos europeos con sus planes para estas fechas en vilo. El lunes se batió el récord de atascos en las entradas de la capital, con 630 kilómetros. Pese a ello, según una encuesta publicada el domingo, el 54% de los franceses apoya la huelga, aunque otros sondeos han detectado la paradójica situación de que al mismo tiempo la mayoría sostiene la reforma.

Hay que resaltar, sin embargo, que la movilización, pese a su duración y a las considerables cifras que alcanza, concierne sobre todo al sector público -trabajadores de transportes, funcionarios, profesores, sanitarios- y a las profesiones que gozan de los privilegios que conceden los regímenes especiales con los que el Gobierno quiere acabar, en los que la jubilación es más temprana -hay casos de entre 52 y 57 años- y con mejores pensiones.

Francia tiene pendientes muchas reformas -y la de las pensiones es la madre de todas ellas-, en gran parte por la potencia del sector público que ningún presidente hasta ahora se ha atrevido a adelgazar. Macron quiere ser el presidente que no recule en su programa de reformas -la de las pensiones fue una promesa electoral-, pero está por ver si lo conseguirá.

El Gobierno ha suavizado algunos aspectos del proyecto de ley, pero los sindicatos más duros, como la CGT, piden simplemente su retirada. Sin embargo, como ha dicho al presentar su dimisión por no haber declarado otras actividades al margen de su cargo el alto comisionado para las pensiones, Jean-Paul Delevoye, la reforma es esencial para que el sistema no se hunda. El déficit se calcula que puede llegar a los 10.000 millones de euros dentro de un lustro y para intentar reducirlo se propone alargar en dos años la edad real de jubilación, lejos aún de lo que han aprobado otros países.