Defensa de la gratuidad

Es curioso que la mayoría de los titulares, en medios tradicionales (si es que eso algo así aún existe como categoría) y digitales, apuntaban en una misma, aséptica y descriptiva dirección. Nada más cómodo y sencillo que tirar de esta misma cabecera. «Los comedores escolares marcan el inicio de curso en Extremadura: dejan de ser gratis para todos», titulaba nuestro ‘Extremadura’, estrenando su más que merecida medalla regional. Nítido, ¿no? ¿De veras hay margen a la interpretación (volveremos a este término)?

Parece que sí. Una oposición que ha decidido no entender de períodos de gracia, vio la oportunidad de señalar lo que, para ellos, reluce como toda una reveladora evidencia. Que, generosamente, quieren compartir con el resto de extremeños. Su interpretación es doble, sintética y sucesiva: esto es lo que se podía esperar del gobierno de-la-derecha-y-la-ultraderecha y no será la última ocasión en que se aprovechará para desmantelar el sistema asistencial y favorecer a los que más tienen. Quien avisa no es traidor.

Su crítica se centra en la eliminación de la gratuidad. Claro, leído el titular ahí arriba, pudieran pensar que esto no es más que una hipérbole de quien escribe. Lejos de ser una licencia: en un amargo sic, esto es exactamente lo que publicaba el socialismo extremeño en sus redes sociales, asegurando que «Guardiola elimina la gratuidad de los comedores escolares».

Veamos: dicho así, cualquiera podría sentirse íntimamente preocupado, incluso indignado, por la rápida deriva de un gobierno recién constituido. Todos sabemos que, en una región con un alto nivel de desempleo, necesitado de fomentar la escolarización y una baja sensibilidad hacia la conciliación, un sistema adecuado en los comedores es clave para las familias. ¿Por qué entonces adoptar una decisión que pone en riesgo una norma que ha probado su eficacia?

Porque no ha sido así. Relean de nuevo: el ajuste en la medida está basada en la supresión de la universalidad, no en el cuestionamiento del alcance en financiación de los comedores (que es lo que realmente significa la «gratuidad»). 

La norma que sustenta la gratuidad era una disposición recogida en la ley de presupuestos generales de 2023 por el anterior gobierno del socialista Fernández Vera, parte de su acuerdo de investidura con Podemos. Se pretendía únicamente desplegar sus efectos para el año escolar que ya ha cerrado, beneficiando a un total de 21.000 familias. De hecho, cuando se anuncia su puesta en marcha, se llegó a explicar que esta universalidad «condicionada» era temporal y no se extendería al siguiente curso escolar. En puridad, lo que ha hecho el equipo de María Guardiola, antes que nada, es extender la cobertura superando el horizonte inicialmente previsto.

Por supuesto que, desde el partido socialista, no se les escapan las implicaciones y razones detrás de la decisión que adopta el nuevo ejecutivo: ante una avalancha de peticiones y con los recursos disponibles el mantenimiento del sistema sin tener en consideración baremos lógicos (especialmente, niveles de renta) puede dificultar su viabilidad en el medio plazo y dedica recursos públicos tanto aquellos que lo necesitan como a muchos otros que no. Una ruptura de la equidad que resulta insolidaria.

Para ayudar a un mayor número de familias extremeñas su obligación no es la «universalidad», sino una asignación eficiente de los recursos públicos

No, la virulenta invectiva de la izquierda no es gratuita (no he podido evitarlo). Obviando la malintencionada diana en lo que no es la razón última de la decisión, su defensa de la gratuidad se realiza como una forma de señalar al contrario como enemigo de «lo público» y situarse en el inconsciente regional como los paladines de la protección social. Además, deja entrever un aspecto habitual en su toma de decisiones: el entendimiento de los fondos públicos de una forma instrumental.

Probablemente, conjeturo, habría debate incluso sobre si extender la medida en su configuración original dentro del nuevo gobierno. No debiera: para efectivamente ayudar a un mayor número de familias extremeñas su obligación no es la «universalidad», sino una asignación eficiente de los recursos públicos. El establecimiento de requisitos, vinculados al tipo de centro y a la renta de los progenitores, va en esa línea. 

Porque no existe tal cosa como el «gratis total», alguien debe financiar esas ayudas ¿Lo demás? Debiera salir muy caro. Pero no precisamente en los presupuestos.

*Abogado, experto en finanzas

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