Cartas marcadas

Costaba creer que, escaso instantes antes, aquello había sido una carretera. Lo único que se podía ver ahora era un humeante cráter. Incluso ahorrándose la metáfora fácil, la estampa desprendía calor por todos lados. El propio de aquel mayo siciliano y el que emanaba de la herida del suelo. Sólo que ese trauma lo sería para todo un país: quinientos kilos de explosivos bajo la carretera segaban en 1992 la vida del juez Falcone.

A Giovanni Falcone le molestaba que mencionaran su condición de lo que luego se llegó a denominar “juez estrella”. En cierto modo, sospechaba de esa personalización que ponía la vanidad por encima del servicio. Y, sobre todo, porque despojaba a su trabajo de su verdadera condición: el ejercicio del poder judicial como una parte esencial del estado democrático. Su guerra contra la mafia no era un empeño particular, no. Sino el funcionamiento mismo del estado de derecho. Incluso si debía extenderse contra el ejecutivo, una administración con diversas ramificaciones, en las que coincidían en algunas la incomodidad de los tentáculos del enemigo, el delincuente.

Cuando alguien juega con las cartas marcadas, lo normal es que, si no le pillan, gane. Si una de las dos partes respeta las reglas y la otra no, lo cierto es que el segundo lleva ventaja. 

La intensidad del enfrentamiento entre el actual gobierno y la judicatura es cada vez más palpable. Afortunadamente, aún no se han pisado las líneas rojas del respeto institucional (porque otras ya se han violentado de sobra). Tampoco es una guerra nueva ni exclusiva del gobierno de coalición: el contrapeso que implica el poder judicial y el control de la legalidad que es su función es, seamos generosos, cuando menos poco confortable para los partidos. Cuando se entra a cuestionar la función de gobierno o se visibiliza la corrupción, hidra de muchas cabezas, directamente entramos en el terreno del conflicto. 

Pero nunca antes un gobierno había trabajado una estrategia de lluvia fina para poner en cuestión a un poder del estado. Generar la “duda razonable” sobre la función jurisdiccional, empezando por sus motivaciones para terminar en sus sentencias.

Lo que realmente pide Europa es que sean los jueces los que se elijan entre ellos, como continuidad de la necesaria independencia

La apertura del falso debate sobre el clasismo de la profesión tuvo un recorrido exiguo, porque en realidad no sostenía ni un mínimo análisis. La oposición a judicaturas no es especialmente gravosa, y la mayor “inversión” es la personal. La judicatura en España tiene un perfil medio que devuelve el retrato de una mujer (mayoría en el gremio), 30-40 años y de clase media. Ni es una profesión más hereditaria que por ejemplo la medicina. Ni es el funcionariado mejor pagado en España. Quizás si atendemos el sistema que se propone como alternativa se entiende mejor la “propuesta”: abandonar el duro cribado de los exámenes actuales por un subjetivo programa de ingreso. Curioso que no se pida para los abogados del estado o registradores. El objetivo no es otro que anclar una imagen irreal en el subconsciente colectivo. 

El respeto a las sentencias (en realidad, obligado) se compadece mal con socios de gobierno e investidura que invocan con inusitada ligereza el lawfare. Amnistía aparte, no se puede afirmar que en España haya habido presos políticos porque las sentencias fueron dictadas conforme a la legalidad vigente. Legalidad que, por cierto, no es dictada por los jueces y que les vincula en su actuación. De lo contrario, ellos mismos se verán enjuiciados por otros órganos de control jurisdiccional. No político, claro. Porque esas garantías son exactamente las articulaciones de una democracia.

Pero terminemos por un mantra repetido que explica el estado de las cosas: el “bloqueo” de la renovación del CGPJ. En puridad, son los presidentes de las dos cámaras -Congreso y Senado- los que debiera abrir el melón de la renovación. Pero no se hace porque lo que está en juego son intereses puramente partidistas, colocar los peones en juego. Curioso que en este momento sean “titularidad” respectiva de los dos grandes partidos. Lo que realmente pide Europa es que sean los jueces los que se elijan entre ellos, como continuidad de la necesaria independencia de los poderes del estado. Miente el socialismo culpando al PP de esta coyuntura, cuando como mínimo es responsabilidad compartida.

Forma parte de un intento de fiscalización política de la justicia en España. Que busca, sin ninguna duda, un menor control de la actuación (¿agenda?) política por parte de un poder judicial de por sí únicamente sometido al imperio de la ley. Sí, cartas absolutamente marcadas. 

* Consultor financiero