La batalla de los medios por la pluralidad

La existencia de un ecosistema mediático fuerte y saneado es garantía de pluralidad en toda sociedad avanzada. Constituye uno de los estándares que permiten diferenciar las democracias de las autocracias que aspiran a manejar a su antojo los medios de comunicación. Así fue en el mundo analógico y así debe seguir siendo en el universo digital en el que hemos entrado definitivamente. Con la intención de defender la existencia de un sistema mediático robusto y diverso, la Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a 83 medios de comunicación españoles, ha planteado una demanda por competencia desleal contra Meta (la plataforma de la que dependen, entre otros, Facebook, Instagram y Whatsapp). La iniciativa, en línea con otras que están en curso en diversos países, pretende perseguir el uso de datos sin consentimiento que hacen megaplataformas digitales como Meta. Una práctica que vulnera frontalmente la normativa europea sobre protección de datos. Los medios consideran que no se pueden usar estos datos, obtenidos sin consentimiento, para desarrollar perfilados de publicidad. La demanda reclama una indemnización de 550 millones de euros teniendo en cuenta que el 100% de los ingresos de Meta en publicidad son obtenidos de este modo, de forma ilegitima.

Esta no es, únicamente, una defensa legítima de los medios ante la actitud de monopolio que ejerce Meta. La demanda constituye una defensa de la pluralidad del sistema mediático que interesa a todos los ciudadanos, y que resulta de vital importancia para la salud de la democracia. En el mundo actual, cada vez es más necesario el periodismo para diferenciar aquello que es verdad de aquello que es mentira en el abrumador flujo de noticias que circulan por las redes. Esta función no es posible sin medios de comunicación que sean capaces de resistir el desafío de la digitalización y de monetizar el trabajo de sus profesionales. Algo que resulta imposible mientras Meta y otras grandes plataformas mantengan una posición de dominio en la publicidad utilizando los datos de los ciudadanos a costa de su privacidad. Es en ese sentido que la demanda puesta por los medios españoles se inscribe en la batalla por la pluralidad que ya se ha planteado en países como Australia –que obliga a estas plataformas a pagar a los medios por enlazar sus noticias–, Canadá, o Irlanda, que multó recientemente a Meta por transferir al mercado norteamericano datos obtenidos sin consentimiento en la Unión Europea.

Las plataformas han jugado un papel positivo en la expansión de la información digital, pero no constituyen el reino de la libertad que pretenden Mark Zuckerberg o Elon Musk. Como ocurre en otros muchos campos de la vida económica, su actuación requiere transparencia y regulación. La misma a la que están sometidos los medios de comunicación. De lo contrario, pueden acabar constituyendo una amenaza para la pluralidad.

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