Recuperar el canon energético, una cuestión de justicia para Extremadura

Frente al debate sobre la descarbonización y la progresiva implantación de las energías renovables, resurge con fuerza la petición de los municipios afectados para que exista una reversión en forma de tributación económica para los pueblos, acorde a los beneficios que reportan a las compañías eléctricas.

La Diputación de Cáceres se ha sumado a esa reivindicación de forma explícita esta misma semana. El presidente, Miguel Ángel Morales, anunciaba su intención de luchar para que la generación de energía tenga su traducción en riqueza de los territorios que, como la provincia cacereña, prestan sus recursos mientras el desarrollo económico sigue concentrándose en los mismos lugares desde hace decenas de años. La petición incluye a las presas hidroeléctricas, y en particular aquellas cuya concesión de explotación privada ha caducado, pero también a las plantas eólicas y fotovoltaicas.

Y precisamente un diputado provincial de Cáceres, el responsable de Infraestructuras, Luis Fernando García Nicolás, ostenta desde ayer la presidencia de la Federación Nacional de Municipios afectados por los embalses. Un colectivo empeñado ya hace décadas en recuperar lo que un día se conoció como “canon energético” y que desapareció en 1985. La tasa gravaba la producción de energía eléctrica, de tal forma que los pueblos afectados por la inundación de terrenos por las presas recibían una compensación económica.

Durante los últimos años ha habido intentos legislativos por recuperar una figura de imposición fiscal sobre la producción energética, la última vez en 2015, finalmente desestimada por el Tribunal Supremo en 2021.

El judicial se ha convertido en el canal habitual de disputa entre ayuntamientos y empresas. Los primeros, intentando gravar el IBI por uso del suelo e incluso por la ocupación del conglomerado de las redes eléctricas, necesario para la distribución. El balance de sentencias, hasta ahora, se decanta mayoritariamente en contra de las pretensiones municipales, en parte por ausencia de un marco legislativo claro.

Extremadura no solo posee en su territorio los embalses de mayor capacidad de toda España, sino que se ha convertido en una potencia en energías solar y eólica. Las renovables son decisivas también para la regulación del recibo de la luz en tiempos de incertidumbre geopolítica, con guerras que condicionan el suministro de combustibles fósiles y también del gas.

La extremeña es la región que más energía eléctrica ha producido en 2021 a partir de placas fotovoltaicas. La ocupación de cada vez más superficie en el mundo rural se ha convertido en la excusa perfecta para reabrir el debate, que va más allá de una mera imposición fiscal.

Lo que se vuelve a poner sobre la mesa son proyectos de largo alcance. Por qué no negociar tarifas favorables para los territorios que acogen las plantas solares, por ejemplo. Justo lo que nunca se consiguió con las presas, que indudablemente supusieron un impacto ecológico y urbanístico mucho mayor. Tarifas que ayuden a la implantación de otras empresas, a generar empleo y fijar población.

La extremeña es la región española que más energía eléctrica ha producido en el año 2021 a partir de placas fotovoltaicas

El ‘plante’ de la Diputación de Cáceres coincide con la presentación de propuestas similares desde comunidades autónomas vecinas, como Castilla y León, con la misma problemática y parecidos planteamientos.

El Parlamento de Estrasburgo ha pedido a la Comisión Europea el estudio de una iniciativa del colectivo León Propone. La proposición fue presentada por los leonesistas ante la Comisión de Peticiones para resucitar gravámenes que tengan como objetivo que las provincias productoras de energía renovable se aprovechen de parte de los beneficios que generan este tipo de instalaciones ubicadas en su suelo.

En concreto, la petición pretende que la Unión Europea establezca una tasa que revierta en proyectos de promoción empresarial en las regiones productoras, así como crear un fondo obligatorio para garantizar el desmantelamiento de las instalaciones al término de su vida útil.

El ‘plante’ de la Diputación de Cáceres coincide con la presentación de propuestas similares desde comunidades autónomas vecinas

La propuesta incluye un trato preferente para el sector primario, principal actividad en los lugares donde se implantan las renovables, e imponer a todos los Estados miembros que establezcan un espacio reservado en las redes de transporte y distribución para el consumo propio de las instalaciones de interés general situadas en las zonas de producción, como las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Justo cuando en el plano de la política nacional los pactos entre partidos implican, con grandes polémicas, el traspaso de competencias y compensaciones presupuestarias, no debe caer en el olvido la prima de justicia a las comunidades productoras para que no sigan siendo colonias energéticas de los grandes centros industriales y de población que consumen mucha más electricidad de la que producen, si de lo que se trata es de dispensar un trato compensatorio y se tiene como objetivo el equilibrio territorial en toda España. 

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.