Por primera vez en Extremadura, el ocupante ilegal de una vivienda social, propiedad de la Junta de Extremadura, ha sido condenado a pena de prisión. Ha ocurrido en Plasencia y a esta pena se han sumado dos multas, por un tiempo total de quince meses y una indemnización a la Junta por los destrozos que causó en el piso antes de abandonarlo. Se trata de una sentencia pionera, que creará jurisprudencia.
Ha sido el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia quien ha dictado la sentencia, por la que condena al exocupante a una pena de un año de prisión y doce meses de multa con una cuota diaria de dos euros por un delito de daños. A su vez, por un delito leve de usurpación, le condena a tres meses de multa con una cuota diaria de dos euros y, como responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Junta con la cantidad de 27.253,03 euros, de los cuales 22.523,17 corresponden a la cuantía de los daños causados en la vivienda y el resto, al IVA.
Según recoge la sentencia, desde una fecha "indeterminada" pero anterior al 12 de mayo del 2017 y hasta el 7 de noviembre del mismo año, el condenado había establecido su residencia en la vivienda social, ubicada en la avenida Dolores Ibárruri, "sin consentimiento" de la Junta y "sin que conste el empleo de fuerza por su parte".
La Junta detectó la ocupación ilegal el 12 de mayo, a raíz de una inspección realizada por la trabajadora social de la oficina de vivienda de la administración regional, que acudió después en repetidas ocasiones para intentar negociar su salida de la vivienda de forma voluntaria. En todas las inspecciones, el ocupante se encontraba en la vivienda y esta estaba “en perfecto estado”.
Destrozó puertas, paredes, tabiquería e instalación eléctrica
Finalmente, en octubre del 2017, el condenado se comprometió a abandonar el piso el 7 de noviembre y lo cumplió, pero dejó la vivienda habiendo causado antes "numerosos daños en la misma, consistentes en arrancar las puertas de la vivienda, incluida la de acceso a la misma, fracturar las paredes causando boquetes y agujeros en las mismas, destrozó la tabiquería, alicatados, la instalación eléctrica y fracturó los sanitarios, daños cuya tasación pericial asciende a la cuantía de 27.253,03 euros".
El ya condenado reconoció los hechos y, al igual que su defensa, se mostraron conformes para que se dictara una sentencia en los términos que había solicitado el Ministerio Fiscal y la Junta, que son los que ha ratificado el juez. Además, todas las partes manifestaron su voluntad de no recurrir, por lo que la sentencia es firme.
Respecto a la pena de cárcel, la posibilidad de suspensión quedó aplazada a "la fase de ejecución de sentencia".
