El encierro de la catedral causará la expulsión de los ´sin papeles´

El encierro de inmigrantes en la catedral de Barcelona acabará con la expulsión de España de varios sin papeles. No será un castigo, sino el procedimiento habitual, tras las identificaciones realizadas tanto antes del desalojo como tras él, según la Delegación del Gobierno.

El subdelegado, Eduard Planells, evitó dar cifras sobre las actuaciones policiales llevadas a cabo la madrugada del pasado domingo, después de que más de 1.000 inmigrantes se atrincherasen en el templo durante nueve horas. La Asamblea por la Regularización sin Condiciones (ARSC), que orquestó el encierro, aseguró ayer que se habían realizado 29 traslados de inmigrantes a la comisaría de la Verneda. Según ha podido saber este diario, unos 25 de ellos fueron llevados a las dependencias policiales al no poder ser identificados.

PROCEDIMIENTO HABITUAL Una vez se comprobaron sus datos, se detectó que varios de los sin papeles ya tenían abierto un expediente de expulsión, mientras que en otros casos se incoaron expedientes al estar en situación irregular. A todos ellos se les aplicará la ley de extranjería. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña insistieron en que las identificaciones no fueron masivas, sino aleatorias, "como habitualmente se hacen en la calle". Un portavoz policial insistió ayer en que no había habido "detenciones". Una vez identificados, los trasladados de la Verneda fueron puestos en libertad.

La ARSC entregará hoy en la Delegación del Gobierno en Cataluña una carta en la que solicitan una reunión para "negociar", ya que ayer ambas partes consideraban que no habían sido invitadas al diálogo. El portavoz de la asamblea, Enrique Mosquera, se mostró menos radical en su reivindicación de "papeles para todos los inmigrantes".

Ayer, Mosquera habló de "encontrar cauces comunes de negociación" y nuevas salidas para los sin papeles. El colectivo celebrará mañana una asamblea, aunque planea llevar a cabo una nueva movilización en cualquier momento.

Precisamente, Planells había advertido por la mañana de que si se producen nuevas movilizaciones, se volverá a actuar "de acuerdo con el Estado de Derecho". En cambio, la secretaria de Inmigración de la Generalitat, Adela Ros, insistió en "dialogar" para conocer de primera mano cuales eran las demandas del colectivo, ya que sospecha que los inmigrantes "no saben" algunas de las iniciativas que se están activando en Cataluña para agilizar los trámites de regularización. Ros añadió que "quizás el Gobierno podría haber tomado ya alguna medida".

Los encierros --el de la catedral, el del Pi (que duró 12 horas) y el de la iglesia de Betlem (apenas un par de horas)-- han polarizado las opiniones respecto a las movilizaciones y a la actuación policial.

Entre los críticos con el desalojo se alinearon ayer la ONG Justícia i Pau, representantes de IU, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona e incluso Amnistía Internacional. Por contra, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y distintos representantes del PP y de CiU, entre otros, aprobaron la acción policial.