Gran dolor sin castigo en Todolella

Mucha carga moral pero ninguna responsabilidad penal. Las circunstancias en las que 18 personas murieron la madrugada del domingo a causa de la inhalación del monóxido de carbono desprendido por estufas de butano en un albergue de Todolella (Castellón) se perfila más como una accidente fortuito que como una negligencia susceptible de ser llevada a juicio.

Así lo dejaron entrever ayer fuentes vinculadas a la investigación, a pesar de que la titular del Juzgado de Primera Instancia de Vinar²s mantiene el secreto de sumario. Esa idea fue corroborada también por el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, que ayer manifestó que "no hay indicios delictivos" con respecto a las circunstancias que desencadenaron la tragedia.

También el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, salió al paso de las acusaciones vertidas el lunes por la Asociación Independiente de la Guardia Civil (Asig), que exigía que el Ayuntamiento de Todolella fuese declarado responsable civil de la muerte de las 18 personas por haber permitido el uso de estufas de uso industrial --en granjas de animales-- en el interior del albergue de San Cristóbal.

Varios testigos confirmaron ayer que fueron dos las estufas que se utilizaron durante toda la fiesta. Una quedó colocada en la planta de abajo durante la cena y la posterior actuación del grupo PPyote, y la otra fue instalada en el dormitorio. "Ambas estufas están custodiadas por el juzgado", dijeron fuentes de la investigación. Otro joven presente en la fiesta, que pidió el anonimato, explicó que la que estuvo en el piso de abajo se apagaba con frecuencia, por lo que había que encenderla nuevamente.

También el albergue donde sucedieron los hechos --que ayer amaneció cubierto por una copiosa nevada-- está siendo analizado con lupa por las autoridades. La conclusión es que reunía todos los servicios necesarios recogidos en la legislación pero carecía de permiso de apertura. Había superado sin problemas la última inspección técnica, antes de mayo del 2004.

Poco después de esa revisión, concretamente el 28 de mayo del 2004, el ayuntamiento solicitó una baja temporal del permiso de apertura porque no disponía de personal para su explotación turística. Sin embargo, recuperó su actividad poco después, en agosto, cuando el ayuntamiento firmó un contrato con Diego y Pilar.