Las universidades no podrán hacer una selectividad propia

El anteproyecto de reforma de la ley orgánica de universidades (LOU), presentado ayer, cierra la posibilidad de que las universidades puedan realizar una segunda prueba de acceso a los alumnos que hayan superado la selectividad, como establecía la ley que aprobó el PP en el 2001. El texto deja claro que para el acceso a la educación superior se exigirá una única prueba, "con carácter general, objetivo y universal".

Las características de este examen, cuya denominación cambiará, serán fijados en la ley orgánica de educación (LOE), que se tramita en el Congreso. La norma establece que la nota de acceso a la universidad se elabore según la puntuación de la prueba y la media del expediente académico. Está por ver qué valor se otorga al examen y al expediente de Bachillerato. El resultado no será una media aritmética, sino que cada materia tendrá una ponderación diferente según la especialidad universitaria a que aspire el estudiante.

La nueva norma podría entrar en vigor durante el próximo curso académico. El secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, calculó que el proyecto estará listo a principios de año y que la tramitación parlamentaria se realice durante la primavera.

La nueva norma pretende potenciar la participación estudiantil. Así, reconoce los derechos y deberes de los alumnos a través del Estatuto del Estudiante, que regulará, además, la constitución del Consejo Nacional de Estudiantes Universitarios, máximo órgano oficial de representación y consulta de los alumnos.

El texto, entregado a rectores y responsables de las comunidades autónomas para su debate, deja en manos de las universidades y las autonomías la posibilidad de volver al sistema de elección del rector anterior al instaurado por el Gobierno del PP. La regulación actual penaliza al alumnado a la hora de escoger al responsable de la institución al conceder a su sufragio un valor muy inferior al que tiene el del profesorado. La reforma permitirá que al rector lo designe el claustro, donde los votos de todos los representantes estudiantiles tendrán la misma cotización que los del estamento docente.

MAS AUTONOMIA La nueva norma, cuyo objetivo según la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, es dotar de una mayor autonomía a universidades y comunidades autónomas, también permitirá a sus gobiernos crear modelos propios de contratación del profesorado y que hasta el 49% pueda ser no funcionario.