La madre del bebé arrojado al Besòs el pasado año solicitó ayuda para abortar

La madre del bebé arrojado al río Besòs el 24 de septiembre del pasado 2019 pidió ayuda para abortar a un servicio municipal del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Concretamente, se dirigió a un punto de información de Salut Jovent el pasado 13 de marzo, cuando ya había cumplido los 16 años de edad y estaba embarazada de dos o tres meses.

La atendió una educadora del centro y se sometió a un tercer test de embarazo. Los dos primeros la menor se los había practicado por su cuenta. Al comprobar con la última muestra que estaba en estado de gestación, la educadora le informó de que actualmente la ley no le permitía abortar con 16 años. A esa edad, necesitaba el permiso de sus padres. La joven trató de sortear este requisito con una mentira: asegurando que sus padres se encontraban en Bolivia. La trabajadora le dijo que todo cuanto podía hacer era acudir a un centro médico e informar allí de su situación. Nunca dio ese paso.

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EL CAMBIO / La ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en el 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció, en el cuarto punto del artículo 13 del texto -dedicado a los «requisitos comunes» para abortar-, que en el caso de las «mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen aplicable a las mujeres mayores de edad».

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy, después de enredarse con una polémica reforma de la ley que acabó con el cese del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó en el 2015 la supresión de este apartado. Es decir, para que una menor de 16 o 17 años pudiera abortar era necesario el consentimiento de sus progenitores.

La madre cuyo bebé acabó ahogado en el río Besòs, sin esa reforma de Rajoy, hubiera podido comenzar los trámites para abortar aquel 13 de marzo. Extinguida esa posibilidad, e incapaz de explicar en su casa que estaba embarazada, decidió tenerlo de forma clandestina, en la habitación de una pensión, asistida únicamente por el padre del bebé y sin anestesia. La salida que tomó la adolescente puso en riesgo su salud y la del recién nacido, que de todos modos acabaría falleciendo horas más tarde cuando su padre, también menor de edad, se deshizo de él lanzándolo al Besòs, un fin que ocultó a la madre.

La pareja llevó en secreto el embarazo hasta el final. Ni profesores ni médicos ni sus padres tuvieron constancia de una gestación que se mantuvo sin ningún control sanitario. La única trabajadora que supo de su estado fue la educadora del punto de información de l’Hospitalet. Sin embargo, no existe ningún protocolo que obligue a esta educadora a actuar de un modo distinto al que lo hizo y, además, para este tipo de servicio la confidencialidad es fundamental.