Revulsivo legal contra la violencia hacia los menores

Cuatro años después de que EL PERIÓDICO destapara el caso Maristas, lo que supuso un punto de inflexión en la lucha contra la pederastia y animó a otras víctimas a denunciar los terribles abusos sexuales sufridos en su niñez, el Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Se trata de una legislación pionera a nivel mundial, que busca atajar el problema y que la sociedad, que no siempre es consciente de que existe un volumen muy alto de maltrato infantil, ya que muchos menores no piden ayuda o su entorno los silencia, plante cara a la violencia y el acoso a los menores desde todos los ámbitos.

Por tanto, la también llamada ley Rhodes (en homenaje al activista y pianista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales), nace con vocación de actuar como revulsivo y que suponga un antes y un después en la prevención de los delitos que se comenten contra los menores y la protección a las víctimas, similar a la reacción que provocó en la sociedad y las instituciones la ley contra la violencia machista.

EL CONSENSO / Si bien, a diferencia de aquella norma, que aún hoy genera controversia, con un partido como Vox abiertamente en contra, el Gobierno y las entidades que trabajan a favor de los niños esperan que la legislación aprobada en Consejo de Ministros despierte un amplio consenso. No en vano, el PP, en sus años en el Ejecutivo, ya planeó aprobar una normativa con idénticos fines. Y más tarde, el PSOE, en el 2018, aprobó un anteproyecto legal basado en el borrador elaborado por las oenegés, que el Gobierno de coalición ha retocado mínimamente para que pueda enviarse ya a las Cortes y no tenga que volver de nuevo a los órganos consultivos.

No obstante, dada la confrontación política y que en las Cortes encallan muchas leyes, las oenegés solicitan al Gobierno que pida que la norma se tramite de urgencia, de forma que los plazos se acorten a la mitad. El vicepresidente Pablo Iglesias, de quien ha dependido el proyecto de ley en la última etapa, no dio respuesta a esta petición tras el Consejo de Ministros, aunque garantizó que se va a «esforzar» para que la «ideología» no empañe el propósito de «proteger a los niños» y la norma vea la luz lo antes posible.

LOS DATOS / El vicepresidente aseguró que el proyecto «responde a una amplia demanda social» y con el España se sitúa «al nivel de los estándares internacionales más altos» para atajar un problema del que no hay «datos sistemáticos». La última estadística disponible revela que 38.000 menores fueron víctimas de algún acto ilícito en el 2018, por tanto más de 100 al día. En este contexto, Iglesias pidió «perdón en nombre de los poderes públicos» a las víctimas a las que no se ha podido atender porque se ha llegado tarde y mostró su «compromiso» para cambiar la situación.

La ley, que implica un coste para el Estado de 75 millones al año, llega en un momento clave porque las entidades están detectando que el maltrato se ha acrecentado con el confinamiento, época en la que muchos niños -y en demasiadas ocasiones también sus madres- han tenido que encerrarse con su maltratador, mientras las redes de detección actuales, los colegios y los centros de salud, están cerrados o dedicados al covid-19.

De hecho, la norma establece que en todos los centros educativos, sanitarios, de ocio y deportivos se establezcan protocolos de detección y actuación y que en los colegios se cree la figura del coordinador de bienestar. Además, todos los ciudadanos tendrán el deber de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores a la autoridad competente, aunque no sea constitutiva de delito.

Asimismo recoge la petición unánime de que se amplíen los plazos de prescripción para evitar dolorosas situaciones de impunidad que se dan en la actualidad, cuando la caducidad empieza a contar cuando el afectado cumple 18 años, un tiempo demasiado corto para las víctimas que necesitan un periodo de maduración más amplio. El anteproyecto eleva el plazo hasta los 30 años, de forma que en los delitos más graves se dispondrá hasta los 45 años.