El acoso es un delito que se comete cada vez con más frecuencia a través de las redes sociales, si bien los autores suelen combinar los métodos tradicionales, como las consabidas llamadas por teléfono a deshoras, la aparición en sitios frecuentados por sus víctimas o las cartas amenazantes, con el hostigamiento vía internet. 

Se trata de conductas en alza, y en el mundo digital los autores se esconden en muchas ocasiones tras un parapeto de perfiles anónimos o falsos. La propia Fiscalía General del Estado apuntó en su última Memoria, que recoge datos de 2020, a un fuerte repunte de las diligencias abiertas por amenazas y coacciones a través de las redes --un 30 por ciento más en un sólo año-, y un aumento del 10 por ciento del acoso.

Las estadísticas, sin embargo, son frías y se alejan de lo terrible que resultan casos concretos como el que viene sufriendo Teresa Bueyes, una letrada popularmente conocida como "la abogada de los famosos" y que tiene en su haber la defensa de personajes del mundo del corazón de la talla de Isabel Preysler, Bárbara Rey, o el que fuera novio de Ana Obregón, Darek Dabrowski. Tras dos años de acoso, ha conseguido que una juez dicte una orden de alojamiento contra sus presuntas acosadoras.

Las medidas de alejamiento suelen dictarse por casos de violencia machista o por "grooming" (ciberacoso sexual a niños y jóvenes), pero también frente a otro tipo de acoso que hacen de la vida de la víctima un verdadero infierno. El pasado 25 de julio se conoció la sentencia de un caso paradigmático, la que acordó el internamiento psiquiátrico del hombre que asedió sin descanso durante años a la ilustradora Paula Bonet.

La línea roja

En el caso de Bueyes, aún pendiente de juicio, la denuncia se remonta a hace dos veranos, pero acudió a la justicia para solicitar la medida de alejamiento tras conocer que dos mujeres que habían sido becarias en su despacho, y que llevaban meses asediándola apareciendo en sitios públicos que ella frecuentaba, a lo que se sumaban amenazas de muerte, daños en su vehículo e incluso fabricación de perfiles falsos en páginas de contactos sexuales, habían traspasado una línea roja al amenazar a sus padres.

La historia se inicia, según ha relatado Bueyes a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, con la mala experiencia que tuvo tras acoger a R.N.M. como becaria en su despacho, y su posterior relación con otra de las colaboradoras en el bufete, E.R.P, que hoy forma parte del equipo de abogados del pseudo sindicato Manos Limpias. 

Las sospechas sobre las amenazas anónimas -que empezaron después de que Bueyes prescindiera de la labor de las becarias- se orientaron hacia las acusadas cuando la abogada tuvo conocimiento de la creación en las aplicaciones de citas Badoo y Jaumo de dos perfiles falsos con sus datos personales. A ello, se sumaron cartas y notas amenazantes, cambios de contraseña en su correo electrónico personal, en el perfil de Netflix, y publicaciones vejatorias en Twitter que presuntamente han cometido las dos acusadas, aún pendientes de procesamiento y juicio. 

"Es una situación terrorífica", resume Bueyes, que además de ser una de las letradas con más experiencia en la relación de personajes públicos con medios de comunicación, ahora también es experta en todo tipo de delitos digitales. De hecho, supo que el hecho de que las dos mujeres aparecieran en los lugares públicos a los que acudía -algo que no podía explicarse- se debía a la clonación de su cuenta de mensajería utilizando la herramienta del "Whatsapp Web". "Sabían lo que iba a hacer en todo momento", añade.

Daños a la integridad social

Según el auto por el que se dicta la orden de alejamiento por un presunto delito de usurpación de estado civil, al que ha tenido acceso este diario, la juez de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, también encuentra indicios de un delito contra la integridad moral, daños y amenazas contra la perjudicada, quien "de forma mantenida, detallada y coherente, relata cómo se han creado dos perfiles falsos en redes sociales y se han realizado numerosos comentarios vejatorios y denigrantes respecto a ella en varias cuentas de redes sociales".

Las amenazas se extendieron a la familia de Bueyes, e incluyen la presencia de la pareja en los lugares que la abogada frecuenta, e incluso en su despacho profesional. Las denunciadas la abordaban tanto a ella como a sus amistades y llegaron a dañar su vehículo privado.

Situación objetiva de riesgo

La juez justifica la medida de alejamiento porque existe "una "situación objetiva de riesgo" para la letrada "vista la entidad y la naturaleza de los hechos, la realidad de los daños en sus bienes", así como la insistencia de las investigadas en contactar y encontrarse con ella.

Teniendo en cuenta la gravedad de las conductas denunciadas, "y en atención al temor y desasosiego que transmite la denunciante", la juez concluye que es necesario "proteger a la víctima" e impone a las dos mujeres la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros Bueyes, de su lugar de residencia o de su despacho profesional, así como de comunicarse con ella "por cualquiera de los medios posibles; directo, telefónico, fax, email, etc".

Su incumplimiento será considerado un delito de quebrantamiento de medida cautelar, que estará en vigor mientras dure la investigación sobre el acoso, que podría cesar si cambian las circunstancias. Según Bueyes, su situación demuestra que la justicia no responde del mismo modo que si el acosador fuera un hombre. "Al ser dos mujeres lesbianas no se lo toman en serio", lamenta.

La defensa de las mujeres, que ejerce el conocido abogado Marcos García Montes, ha apelado la orden de alejamiento ante la Audiencia Provincial, alegando que no pueden cumplirla porque el despacho profesional en el que ambas trabajan está a diez metros del bufete de su denunciante. 

Sin embargo, la orden de alejamiento es ejecutiva, con independencia del recurso. Las denunciadas han argumentado que trabajan un local que tiene a su nombre Manos Limpias en la calle Altamirano de Madrid aunque, según Bueyes, su actividad está domiciliada en un centro de negocios de la calle Velázquez. La justicia aún debe pronunciarse.