Aunque dependerá de la calificación del fiscal, de que se determine por parte de la Fiscalía si en este caso se ha cometido algún delito y por quién o quienes, los delitos que en principio se imputan por el juez, los de falsedad y prevaricación, se castigan con hasta 6 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación para empleo o cargo público.
Para el de falsedad, el Código Penal establece penas de 3 a 6 años de prisión, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación de 2 a 6 años. Y para el de prevaricación, en el que incurre la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo, la inhabilitación de 7 a 10 años.
