El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 ordena al ayuntamiento a devolver los cerca de 500.000 euros que liquidó a Gespesa (Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños) en concepto de impuesto de licencia de obra por la construcción de la planta de reciclaje y valoración de residuos sólidos que abrió el Gobierno de Extremadura en 2009, en unos terrenos cedidos por la administración cacereña.
Según indica la sentencia la tasa fue liquidada por el consistorio el 31 de enero del 2013, habiendo ya prescrito el derecho a su cobro, ya que la obra había finalizado en diciembre del 2008 (según la Ley de Gestión Tributaria prescribe a los cuatro años el derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, en este caso habían pasado cinco años).
"El ayuntamiento ha permanecido frente a esta obra con absoluta inactividad pues en todo momento ha tenido pleno y cabal conocimiento de la misma", indica la sentencia. Y hace referencia a que fue el consistorio el que cedió los terrenos al Gobierno de Extremadura para llevar a cabo la obra y que la redacción, ejecución y adjudicación del proyecto a Joca se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Incide en que en 2008 la exalcaldesa Carmen Heras visitó las instalaciones junto al consejero de Industria y en que la planta fue inaugurada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en 2009.
La sentencia no entra a valorar si es Gespesa es la que debe abonar ese impuesto, una sociedad pública que tiene encomendada la gestión del plan director de residuos de la región. O Joca, entidad que ejecutó el proyecto de construcción. El ejecutivo regional, propietario de la planta de residuos, ya liquidó a Joca la tasa por la dirección y la certificación final de obras.
DENUNCIA DE UPYD La situación fue denunciada ayer por el candidato de UPyD a la alcaldía, Jesús Fernández Oltra, quien criticó que "el ayuntamiento tendrá que dejar de ingresar casi 500.000 euros que vendrían muy bien a las mermadas arcas municipales por negligencia en su gestión". Solicitó una explicación de lo ocurrido y que "se asuman responsabilidades".
El ayuntamiento, por su parte, indicó que acatará la sentencia y que está estudiando la posibilidad de compensar la devolución de este impuesto cobrado a Gespesa por deuda que mantiene la Junta con la administración local. No obstante, por si esta opción no pudiera llevarse a efecto el consistorio ha apartado una partida por si finalmente hubiera que abonar el pago de la devolución del impuesto.
El gobierno local culpó de lo ocurrido a anterior gobierno socialista, ya que la obra finalizó durante la legislatura de Carmen Heras quien "no dictó la correspondiente resolución de liquidación".
