El verbo que más se repite en los acuerdos de las mociones que se llevan al pleno de la corporación local del ayuntamiento es instar. Se insta a todos a los que se puede instar, pero siempre con una condición: salvo excepciones, el partido que insta lo hace a una administración que no está gestionada por sus correligionarios. Aunque instar significa pedir que se haga algo y que su ejecución no se retrase, las decisiones que se toman en el pleno instando a algo o nunca se cumplen o tardan tanto en hacerse realidad que la urgencia pierde sentido.

Se insta tanto que con razón el concejal de Ciudadanos, Antonio Ibarra, habló en el pleno que se celebró el jueves de día de la marmota en el debate de una moción presentada por el gobierno local (PP) en la que se instaba a la Junta (gobernada por el PSOE) a que financie el mantenimiento de los caminos rurales de la red secundaria, que en un término como el de Cáceres pueden ser bastantes. Su alusión no era en sí por el fondo del asunto, sino porque otra vez uno de los dos partidos (PP y PSOE) que gobiernan en la mayoría de las administraciones instaba al otro.

Pero su referencia a la película en la que Bill Murray se despierta una y otra vez en el mismo día y que se ha convertido en una expresión para definir situaciones irritantes que se repiten sin que se puedan evitar molestó al ponente de la moción, el concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco, ya que el fondo de su propuesta no era, como en otras mociones en las que se insta, la crítica o la recriminación a una administración de otro color político aprovechando el debate en el pleno, principal órgano local en el que además las sesiones son públicas y con presencia de los medios de información.

La moción partía de una situación detectada por el concejal a raíz de que el propietario de una finca se había dirigido al ayuntamiento pidiendo el arreglo de un camino público. La primera respuesta del consistorio fue que desde la reforma de la ley de bases de régimen local de 2013 ya no era una competencia del ayuntamiento y por tanto le remitió a la Junta, que a su vez le mandó a la entidad local porque con la ley agraria de 2015 se había vuelto a dar la competencia al ayuntamiento, al menos la de la red secundaria de caminos rurales.

El gobierno municipal reconoce que la competencia es del ayuntamiento, pero que la atribución de la misma por la comunidad autónoma se ha hecho sin la condición de la ley de bases de régimen local de haber evaluado antes el impacto económico que la asignación de la atribución iba a tener sobre el ayuntamiento, en el caso de Cáceres mayor que en otros al ser el más grande la región, y sin incluir una partida en su presupuesto para sufragar los gastos que se deriven de la conservación de los caminos rurales de la red secundaria.

Pero un debate que en principio era sobre competencias y financiación local fue al final por otros derroteros y otra vez con el verbo instar por medio.