La presidenta de diputación, Rosario Cordero, firmó ayer el cese de la interventora general antes de entrar en el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo. Lo hizo tras haber recibido un informe desfavorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El documento es preceptivo pero no vinculante. Cordero pidió al PP que dé por zanjado el asunto y no cree más polémica con el despido de la interventora.
