La empresa auditora contratada por el Ministerio de Economía para realizar el control de las inversiones cofinanciadas con fondos europeos mantiene en su último informe que se utilizaron criterios irregulares para valorar las ofertas que se presentaron al concurso del edificio Embarcadero. La auditora considera que no podían aplicarse como criterios de valoración ni la contratación de mujeres ni la aportación por las empresas del sello de calidad ISO 14001 (implantación de sistemas de gestión ambiental). Hay un tercer motivo: la no ponderación de la oferta económica presentada por cada empresa.
La auditora cuestiona criterios que se aplicaron para la valoración de las ofertas y propone una sanción: la descertificación de 400.000 euros (el 10% del importe de la operación). Sin embargo, el ayuntamiento no tendrá que devolver ni pierde el dinero, sino que podrá reinvertirlo en otra actuación.
Cuando una inversión está cofinanciada por Europa, los ayuntamientos deben anticipar el coste. Certifican el gasto y posteriormente lo envían a Economía para su aceptación y puesta a disposición del ayuntamiento de la parte que está cofinanciada con fondos europeos. Economía hace controles sobre si todo el proceso se ajusta a los objetivos de la ayuda y a la legislación.
El concurso del edificio Embarcadero se convocó en el 2003 y el importe de la operación fue de 4.076.000 euros. El proyecto y la obra se adjudicó al grupo Placonsa, una de las cinco empresas que se presentaron. En la iniciativa Urban, programa de fondos europeos en el que se incluyó la rehabilitación del edificio Embarcadero, la cofinanciación de Europa era del 75%. Al descertificarse el 10% del total de la operación, Economía le dice al consistorio que no acepta certificaciones por 400.000 euros.
El concejal de Innovación, Víctor Santiago, confirmó a este diario que ya se había recibido el informe de la auditora, que es una respuesta a las alegaciones presentadas por el ayuntamiento a un informe anterior, en el que se proponía una sanción mayor: la descertificación del 25% (1.019.093 euros) del importe de la operación, que ahora se ha rebajado.
Santiago explicó que en los últimos meses se ha venido trabajando con el ministerio para encontrar una solución y que, si finalmente se confirmaba la sanción, no se perdiese dinero. Esa solución es justificar los 400.000 euros con certificaciones de la obra en ejecución en la nave colindante al Embarcadero, que se está rehabilitando para centro innovador de empresas.
El edil recordó que no es el primer inconveniente al que se enfrenta el actual gobierno local a causa del proceso de contratación del edificio Embarcadero, adjudicado en la anterior legislatura (también se descertificaron 579.000 euros de un reformado para la cubierta). El concejal fue crítico con la gestión que de los fondos hizo su antecesor, el edil popular Francisco Javier Castellano, y afirmó que esto es "un lastre" para la obtención de nuevos fondos debido a que ha incidido en que no se tenga buena imagen de la gestión que de los mismos se ha hecho en Cáceres.
