Los máximos representantes comarcales de UGT y CCOO y los presidentes de la federación empresarial y de los sectores empresariales de la construcción, del comercio y del transporte van a estar en el consejo económico y social, un órgano al que el ayuntamiento elevará consultas en relación a cuestiones tan diversas como las ordenanzas de tasas e impuestos o el plan de urbanismo. El consejo es un órgano consultivo, sus decisiones no son vinculante, aunque la apuesta que los colectivos participantes han hecho, con la elección de altos representantes para ser miembros del mismo, puede significar para el consistorio que sea más difícil desatender sus indicaciones.
La comisión municipal de Desarrollo Local del ayuntamiento votó ayer a favor de los nombres propuestos por sindicatos, empresarios, universidad y organizaciones de consumidores para estar en el consejo. Ayer se hicieron públicos 14 de sus 19 componentes y aún faltan por conocerse los delegados de cuatro colectivos y quién lo presidirá.
La decisión de la comisión deberá ser ratificada por el pleno de la corporación local y la alcaldesa tiene que proponer al presidente, que debe ser miembro de la corporación local, por lo que todo apunta a que el elegido será el concejal Miguel López, quien preside la comisión de Desarrollo y que ya participó en el consejo social de Extremadura. Tras la comisión, Miguel López destacó la "importancia" de un consejo que es "la democracia participativa en estado puro".
Entre los miembros propuestos para el consejo hay dos con experiencia política en el consistorio y que fueron concejales en distintas etapas. Uno es Juan Bazaga, que como independiente participó en varias corporaciones locales, la última la de 1983 a 1987. Y el otro es Juan Antonio Dionisio, que fue edil socialista en la anterior legislatura y que es una persona cercana a la alcaldesa, Carmen Heras.
