El juicio que contra un promotor inmobiliario y sus nueve socios se ha celebrado en la Audiencia Provincial quedó ayer, tras tres días de sesiones, visto para sentencia.
Tras las declaraciones de los procesados y los testigos, el Ministerio Fiscal exculpó a los nueve socios del promotor del delito de alzamiento de bienes que les imputaba y retiró, por tanto, la petición de pena de dos meses de arresto mayor que había solicitado para cada uno de ellos.
En el caso de Rafael M. G., mantuvo las acusaciones como autor de dos delitos de estafa y uno de alzamiento de bienes, así como la petición de un total de cuatro años de prisión e indemnizaciones de 35.435 y 18.110 euros (5.896.044 y 3.013.275 pesetas).
Dos de las acusaciones particulares, al igual que el ministerio público, exculpan a los socios y piden para el promotor dos años de prisión por el delito de estafa y uno por el de insolvencia punible. Sólo una de las acusaciones mantiene sus peticiones de penas para todos los procesados.
En este caso se solicita para Rafael M. G. siete años de prisión y arresto de siete fines de semana; y para el resto de los acusados entre uno y dos años de prisión.
FALTA DE PRUEBAS
Las defensas, tanto de Rafael M. G. como del resto de los procesados, solicitaron la libre absolución de todos ellos.
El abogado del principal encausado puso de manifiesto "las falsedades con que se ha iniciado y desarrollado este caso", así como "la absoluta y total falta de pruebas aportadas para demostrar las acusaciones vertidas".
En su opinión "se ha puesto de manifiesto que en este caso no ha habido ningún engaño, y si no hay engaño no puede hablarse de estafa", hizo constar, al tiempo que proclamaba la inocencia de Rafael M. G., "pues nadie ha probado lo contrario, nadie ha probado ninguna de las acusaciones, ni con pruebas ni verbalmente".
