La presidenta de la Asociación de Vecinos de Aldea Moret, Guadalupe Iglesias, expuso ayer al vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, la conflictividad social que sufre la populosa barriada cacereña. Tras el encuentro de Mérida, la junta directiva del colectivo vecinal volvió a Cáceres con el compromiso firme del Ejecutivo de Ibarra de investigar la ocupación ilegal de 500 viviendas sociales y acabar con este fraude, muy común en cerca de la mitad de las 1.000 casas de este tipo que existen en el barrio.
Iglesias se mostró "muy contenta" tras la reunión. Reiteró que la Junta se ha comprometido "a investigar" este asunto e incidió: "Va a investigar cómo han entrado estas personas, quién les ha dado las llaves y cómo se han ocupado ilegalmente todas esas viviendas". Iglesias se refirió a la necesidad de poner en marcha medidas para que los pisos deshabitados que hay en la zona se entreguen de forma controlada y legal, puesto que "muchos --dijo-- dan la patada en la puerta y se meten".
La Junta de Extremadura comenzó en los años 80 a construir 600 viviendas sociales en Aldea Moret y continuó en los 90 con otra promoción, esta vez más pequeña, en el Cerro de los Pinos. A mediados de los 90 volvieron a construirse otras 600 casas de este tipo.
LA CONFLICTIVIDAD Según recordó ayer el concejal de distrito Luis Martín Buenadicha, el barrio no estaba capacitado para albergar ese volumen de casas y carecía de infraestructuras educativas, sanitarias, etcétera, lo que originó una gran conflictividad social y problemas de convivencia entre etnias diferentes.
Pero además de la vertiente social, en el encuentro de más de hora y media con Sánchez Amor, Iglesias apeló a la necesidad de aumentar la dotación de la Policía Nacional con 40 policías más. Según la presidenta, la Junta transmitirá a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y al Ministerio del Interior esta cuestión para que, en la medida de sus posibilidades, se amplíe el número de efectivos.
A su juicio, el distrito necesita este material humano de agentes porque "sólo un cuartelillo de policía local con dos funcionarios no es suficiente para un barrio de 14.000 habitantes".
Guadalupe Iglesias, que ayer también tuvo la oportunidad de charlar con el presidente Rodríguez Ibarra, culminó en Mérida la ronda de contactos que ha mantenido con las instituciones extremeñas desde el pasado mes de abril para dar solución a la problemática en Las Minas.
Esta situación se ha desencadenado tras la ola de vandalismo que afectó a la barriada en Semana Santa y que provocó una campaña de recogida de firmas en reclamaban seguridad. La asociación consiguió 13.000. Todas ellas serán remitidas al presidente del Gobierno.
