El Ministerio de Medio Ambiente no se plantea dotar a Cáceres de un proyecto de abastecimiento propio y exclusivo y Portaje sigue siendo su solución para suministrar agua a la ciudad en un futuro, según se afirmó ayer desde el ministerio a preguntas de este diario, además se añadió que los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluidos los ambientales y los del recurso, se van a repercutir en los usuarios finales, entre los que están los consumidores de Cáceres, la principal población para la que se ejecuta el trasvase desde la presa de Portaje y el canal de riego del Alagón.
El pleno de la corporación local debate esta mañana una moción que presenta el PP para que se dote a Cáceres de un abastecimiento propio, distinto a Portaje. En el caso de que está reclamación no se aceptase, se insta al Gobierno a que adopte las medidas legislativas y de cualquier índole necesarias para que la inversión en el trasvase y su mantenimiento no se repercutan en el recibo de los cacereños. Al tener el PP mayoría en el pleno, la moción se va a aprobar.
La inversión en el trasvase de Portaje está ya en los 61,5 millones de euros y la repercusión de su coste y conservación en los usuarios de Cáceres puede llegar a incrementar un 40% el precio que ahora se paga por el agua.
Según se aseguró ayer desde el ministerio, se ha ejecutado "en torno al 80% de la inversión" en el trasvase de Portaje, además se añadió que "el ritmo de desarrollo de esta actuación se adapta al calendario de trabajo previsto y a las anualidades" fijadas en el presupuesto de 2013, que para este ejercicio reserva una partida de 1.229.260 euros y que recoge como fecha de finalización 2017 (como fecha de inicio aparece el año 2006, este obra se adjudicó en 2007 con un plazo de ejecución de 18 meses).
DEL ALMONTE A PORTAJE Sobre la posibilidad de dotar a la ciudad de un abastecimiento con la construcción de una nueva presa, valorando otra vez la posibilidad de hacerla en el Almonte, ubicación apoyada por el gobierno local, Medio Ambiente recuerda en su respuesta que en 2003 se planteó hacer la presa en el Almonte, pero se descartó a causa de "su mayor impacto ambiental", optándose en 2005 por la alternativa de abastecer a Cáceres y a localidades de su entorno con un trasvase desde la presa de Portaje porque daba "solución a los problemas planteados y era más respetuoso desde el punto de vista ambiental".
En cuanto a la no repercusión de los costes en el recibo de los cacereños, el ministerio apunta que el régimen "económico y financiero de las obras hidráulicas financiadas total o parcialmente por el Estado está regulado en la Ley de Aguas", precisando que en base a la citada ley las administraciones "tienen la obligación, en virtud del principio de recuperación de costes, de establecer los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua en los diferentes usuarios finales".
LA LEY DE AGUAS En la Ley de Aguas se establece que los usuarios que se benefician de obras hidráulicas deben pagar un canon de regulación y una tarifa de utilización, cuya cuantía anual viene determinada por los gastos de conservación y de funcionamiento de las obras (el trasvase se proyecta con varios bombeos lo que incrementa el coste energético), los gastos de administración y el 4% de la inversión realizada, que se amortizaría en un periodo de veinticinco años.
En la moción que presenta el PP se apunta que el ayuntamiento se comprometería a oponerse "con todos los medios legales y técnicos a su alcance" a que se realice el suministro de agua a Cáceres desde Portaje si se acaba repercutiendo el coste del trasvase a los usuarios cacereños. (El ministerio pasa el coste al ayuntamiento, que a su vez puede repercutirlo en el recibo del agua).
En la moción se pide que si no es posible dotar a Cáceres de un suministro propio, que se agilice la obra de Portaje para que esté finaliza en el periodo 2014-2015. La fecha de finalización que aparece en los presupuestos es 2017.
