El director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, no entiende la"ceremonia de la confusión" que están montando los alcaldes de seis ciudades españolas al pedir unos datos que "ya tienen en su poder" sobre las aguas contaminadas de sus respectivos territorios.La OCU publicó el mes pasado que el agua del grifo de las ciudades de Cáceres, Ciudad Real, Zamora y parte de Alicante, Avila y Murcia no es potable debido a un exceso de trihalometanos, unas sustancias con efectos dañinos demostrados.Los representantes municipales de estas seis ciudades anunciaron hoy, tras celebrar una reunión en Madrid, que solicitarán todos los datos pormenorizados del estudio, incluyendo los relativos a la toma y puntos de muestra, y amenazaron con recurrir a la vía judicial si no recibían lo solicitado en una semana.En declaraciones a Efe, Múgica, tildó esta postura de "ceremonia de la confusión" y dijo que no sabía a donde querían llegar con la misma.Aseguró que todos los datos fueron enviados en su momento a estas alcaldías y que lo único de lo que no se les ha informado es del nombre del laboratorio que efectuó los análisis.Explicó que la OCU tiene por norma no revelar el nombre de los laboratorios con los que trabaja para sus informes, pero estos, dijo, "tienen la categoría suficiente" para realizar este tipo de analíticas.Múgica concluyó señalando que a su organización no le cabe ninguna obligación o responsabilidad más y que simplemente se han limitado a hacer una fotografía de la situación.En la reunión de hoy de Madrid también participaron representantes de las empresas administradoras de agua Aquagest, Aqualia, Canal Isabel II y Aguas de Alicante.En declaraciones a los medios, el alcalde de Ciudad Real Francisco Gil Ortega, afirmó que no entendía "cómo una organización como la OCU -que se autodenomina defensora de los consumidores- haya creado esta alarma social".Según el alcalde, el informe "no está basado en un estudio científico y serio continuado" y en el futuro y siempre que la OCU realice otra toma de muestras, defendió que deben estar presentes representantes de los ayuntamientos, de las empresas suministradoras y de las comunidades autónomas, a fin de realizar, en cualquier caso, análisis paralelos o contra análisis.