El gobierno local que preside la alcaldesa, Elena Nevado, tendrá que buscar otra solución para el pago de las sentencias judiciales firmes. La deuda, aunque hay procedimientos que siguen abiertos, ronda los diez millones. La fórmula pensada por el gobierno local, concertar una operación de crédito con el fondo de impulso económico del Ministerio de Hacienda, fue rechazada ayer por el pleno de la corporación. Se necesitaba que el acuerdo se adoptase por mayoría absoluta, que en la corporación local son 13 votos, y solo obtuvo los 11 del grupo municipal del PP, que está en el gobierno. PSOE y C’s se abstuvieron. CACeresTú (Podemos) votó en contra.

Lo ocurrido en el pleno provocó que la alcaldesa compareciese ante los medios de información acompañada por todo su equipo de gobierno para asegurar que la consecuencia de la votación es «que se complica la vida a los cacereños (...) porque otra solución es un coste». La alcaldesa explicó que se presentaba con todo su equipo para lanzar el mensaje de que «no todo vale en política» y que «en cuestiones importantes», como la abordada ayer en el pleno, «hay que mirar por el bien de Cáceres». Reprochó a los tres partidos de la oposición que no apoyasen esta operación, decisión de la que dijo que es «el mayor ejemplo de irresponsabilidad política que he visto en mi vida».

Fue el pasado agosto cuando se decidió acudir al fondo de impulso económico convocado por el Ministerio de Hacienda y que permite el pago de sentencias firmes. Los servicios económicos del ayuntamiento calcularon entonces que las necesidades económicas iban a ser de 17.573.326 euros. Lo que se perseguía era tener una garantía de contar con una disposición de fondos para atender tres grandes débitos de procedimientos judiciales: los intereses que aún quedan pendientes de expropiaciones de terrenos (el débito está entre los 5 y los 6 millones), la deuda con la anterior empresa de los autobuses urbanos (4,2 millones) y la reclamación de Acciona por la liquidación del contrato del agua (9 millones). El último pago ya no es tan necesario tras la sentencia de diciembre que desestimó la reclamación de Acciona, aunque la empresa ha presentado recurso.

El ministerio concedió en marzo el total de lo pedido. Cáceres era la cuarta ciudad que más recibía. Solo estaban por delante Oviedo (62,8 millones), Zaragoza (33,7) y Palma (31). La obtención del fondo se iba a concretar con una operación de crédito en la que el prestamista era el Estado y el banco era el Instituto de Crédito Oficial. La operación se podía concertar por el máximo solicitado y se iba amortizando el principal en función de las cantidades de las que se fuese disponiendo (las necesidades a día de hoy son menores a los 17,5 millones). La operación se amortizaba en diez años, siendo los dos primeros de carencia, solo se pagarían intereses, y la amortización del principal se iniciaría en enero del 2020.

ROMPER LA DISCIPLINA DE VOTO / La concejala de Economía, María Guardiola, que fue la encargada de defender la operación de préstamo en el debate en el pleno, recordó que el interés de este crédito sale del tipo equivalente al rendimiento medio de la deuda pública, recalcando que ahora es negativo y que por tanto «se pagarían cero euros de interés». «Cualquiera con un poco de sentido común sabe que es una operación conveniente», reiteró Guardiola, que insistió en que si se acude a una operación con la banca privada «el interés siempre va a ser superior a cero».

En su segunda intervención, Guardiola llegó a pedir el voto de dos concejales de la oposición, número que se necesitaba para la mayoría absoluta. «Si alguno tiene amor por esta ciudad, que rompa la disciplina de voto».

Sobre las soluciones a adoptar ahora, la alcaldesa aseguró que no hay plan B porque hasta el último momento se pensaba que se iba a contar con el apoyo de algún grupo de la oposición. Lo que en principio se hará es «hablar con el ministerio para ver si hay otras posibilidades».

Lo más urgentes son aquellos pagos que el juzgado está demandando que se abonen ya para cumplir con resoluciones judiciales, incluso con advertencia de imponer multas de entre 150 y 1.500 euros. Este débito es principalmente el de los intereses de las expropiaciones. Una de las soluciones, al menos fue lo que se hizo el pasado año, es modificar el presupuesto, incorporar al mismo estos gastos e incrementar la partida de intereses, aunque esto obliga a dar de baja otros gastos o buscar financiación extraordinaria (el año pasado se hizo con la segunda anualidad del exceso del canon del agua y con el superávit de la participación del ayuntamiento en los ingresos del Estado de 2014). Otra consecuencia de que no haya una alternativa rápida es que se seguirán acumulando intereses de demora de la deuda, dado que la operación de crédito permitía que parte de la misma, la que fuera firme o reconocida por el ayuntamiento, se abonase en los próximos días.

RUPTURA CON CIUDADANOS / El portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, elevó la crítica a Nevado en su intervención de ayer. Si hace quince días consideró que era incompetente para estar al frente del ayuntamiento, ayer aseguró que «no tiene pericia», que le «falta aptitud para ejercer el liderazgo» y que no es la persona idónea para estar al frente del ayuntamiento, acusándola además de ser la responsable de lo ocurrido ayer en el pleno por «impulsar una operación con ausencia de información» a los grupos políticos de la oposición. Polo insistió en que su grupo no confía en la alcaldesa, «usted es un problema», le dijo, y añadió que lamenta que cuando Nevado tuvo que elegir entre el ayuntamiento y el Senado no hubiese elegido la Cámara Alta porque allí «sus decisiones pasarían más desapercibidas».

En su lista de reproches a la alcaldesa también la responsabilizó de «alentar a algunos de sus concejales, los menos talentosos, para utilizar las redes sociales para pegar puntillitas a C’s» ante colectivos ciudadanos. Aunque no lo citó, estaba aludiendo a Pedro Muriel. Polo insistió en que la abstención de ayer de su grupo obedecía a que no se aportó a la oposición toda la documentación y que una parte de la deuda, la de los intereses de expropiaciones, parte de decisiones tomadas por gobiernos del PP y del PSOE y que por tanto debían de ser estos dos partidos los que tenían que buscar la solución.

Ciudadanos ha sido en los casi dos años que se llevan de legislatura el principal apoyo del PP. Con sus declaraciones de ayer, Polo aleja a su partido cada vez más del gobierno local, que está en minoría. Preguntada tras el pleno por la intervención de Polo, Nevado restó importancia a la misma y dijo que siempre mantiene «la puerta abierta», aunque reconoció que no la entendía.

Polo descartó ayer que su grupo vaya a promover una moción de censura, «solo somos cuatro concejales», recordó. Tampoco está en la intención del PSOE promoverla, indicó su portavoz, Luis Salaya, que, no obstante, sí apuntó que igual la alcaldesa debería pensar en afrontar una moción de confianza.

Salaya dio tres motivos para explicar la abstención de su grupo. El primero fue que «el mayor interés que tiene el PP con esta operación es el de querer derivar el inicio de los pagos a la siguiente legislatura», ya que la amortización del principal de la operación no empezaría a realizarse hasta enero de 2020. El segundo lo fundamentó en que el gobierno local hace llamamientos a la responsabilidad a su grupo «cuando las situaciones son ya irreversibles y están tomadas» y sin que hubiese habido antes una negociación previa. «No esperen recuperar esa entelequia de grandes consensos en los que el voto del PSOE viene al rescate cada vez que le hace falta al PP».

El tercer motivo que ofreció fue que el PP tendría que haber buscado el apoyo de Ciudadanos. Argumentó que el gobierno no debe buscar al PSOE tras no ser capaz «de seducir a aquellos con los que han pactado», en alusión a Ciudadanos. Aseguró que Nevado «tiene que empezar a coser las relaciones con Ciudadanos», añadiendo que después de escuchar a Polo, la alcaldesa «tiene un arduo trabajo» por delante.

La portavoz de CACeresTú, Consuelo López, explicó el voto en contra de su grupo porque el gobierno ha convocado al resto de partidos «con una semana de antelación para apoyar una operación de 17,5 millones de euros». Criticó el procedimiento seguido por el gobierno en una operación que se acordó en agosto y que no se hubiese sentado «con el resto de grupos para buscar alternativas, a lo mejor era esa, pero no lo sabemos porque no tenemos informacion».