Tras siete días de sesiones, el juicio por presunta corrupción en la legalización de inmigrantes que se ha celebrado en la Audiencia Provincial contra dos policías de la Brigada de Extranjería y tres marroquís de un club de Jarandilla, quedó ayer visto para sentencia.
En sus exposiciones finales, los abogados defensores de los cinco acusados pidieron su libre absolución "por la falta absoluta de pruebas contra ellos".
Tras ratificar lo que ya expusieron en su intervención inicial, el hecho de que, aseguran todos, "se han vulnerado los derechos fundamentales y la ley en la obtención de pruebas", añadiendo que incluso, en algunos casos, "puede afirmarse que hay casi una provocación de delito", las defensas "pedimos la absolución porque no hay pruebas de ningún tipo".
Respecto a las conversaciones telefónicas escuchadas manifestaron que no tienen "ningún tipo de relevancia penal"; y en cuanto a las pruebas testificales, derivadas de las declaraciones de los imputados y todos los testigos, y de la documental, aportada a lo largo del procedimiento, insistieron en que no prueban nada.
Hicieron constar, asimismo, que incluso "los funcionarios de policía de la Unidad de Asuntos Internos han reconocido en sus declaraciones que no han visto ningún tipo de actividad ilícita".
Por ello, los letrados de la defensa se muestran optimistas, "estamos seguros de que la Sala dictará una sentencia justa".
De ser declarados inocentes, aseguraron tras el juicio que no se va a iniciar ningún tipo de procedimiento penal, en todo caso, matizaron, acciones administrativas, por lo que para los dos policías imputados ha supuesto este tema, el estar ya incapacitados para ser policías por serios problemas psicológicos.
PETICION DE PRISION
El ministerio fiscal, por su parte, mantiene su petición de 15 años de prisión y 20 de inhabilitación para empleo o cargo público para los dos policías, a los que les sigue imputando los delitos de revelación de información por funcionario público, continuado de cohecho para comisión de delito, continuado de falsedad en documento oficial y contra los derechos de los trabajadores.
Para cada una de las dos hermanas dueñas del club se piden, igualmente, 15 años de cárcel.
