El Ayuntamiento de Cáceres ha recibido 3.948 solicitudes para los 82 puestos de trabajo que contempla la segunda convocatoria del Plan de Empleo Social de 2018, promovido por la Junta de Extremadura y gestionado por el consistorio. Está destinado a parados de larga duración, que prestarán su servicio en las dependencias municipales en una jornada laboral al 70%, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Las peticiones han sido presentadas exactamente por 1.439 personas, ya que muchas de ellas han decidido optar a más de una plaza.

Los datos fueron facilitados ayer por el portavoz del Gobierno municipal, Rafael Mateos, al término de la Junta Local de Gobierno. El viernes pasado concluyó el plazo para la presentación de solicitudes. Una vez analizadas todas las entregadas en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) y en otros registros hábiles, así como las enviadas por correo, se han contabilizado finalmente 1.289 peticiones para los 36 puestos de ordenanza (la categoría más solicitada), otras 1.094 para las 10 plazas de limpiador, 1.029 más para los 27 empleos de operario de servicios múltiples (mantenimiento), y 536 para 9 puestos de auxiliares administrativos. Realizado el proceso de selección, los contratos se firmarán el 30 de junio.

CRITERIOS A APLICAR / El coste de estas 82 contrataciones asciende a 517.000 euros, de los que 344.000 los aporta la Junta de Extremadura, promotora del plan, y 173.000 corresponden al Ayuntamiento de Cáceres, responsable de la tramitación administrativa. La selección será realizada por el personal del IMAS teniendo en cuenta los criterios que prioriza la convocatoria: ser parado de larga duración, presentar una discapacidad, haber sufrido violencia de género, o estar en riesgo de exclusión social. También se valora el nivel de ingresos familiares.

La primera convocatoria de 2018 del Plan de Empleo Social supuso la contratación de 83 trabajadores en enero (están desarrollando su trabajo hasta junio), también con una jornada del 70%. Concurrieron 1.800 personas que optaron a distintos puestos: 36 plazas de ordenanza, 28 de operario de servicios múltiples, 10 de limpiador y 9 de auxiliar administrativo. En total, el plan contempla este año para Cáceres un total de 165 plazas, con una partida presupuestaria de 990.000 euros financiada por la Junta, el ayuntamiento y las diputaciones.

Por otra parte, la Junta Local de Gobierno analizó ayer el anuncio publicado en el BOE por la Demarcación de Carreteras, sobre la aprobación provisional, y el inicio del periodo de información pública durante 30 días, de un nuevo estudio de delimitación de los tramos urbanos en el municipio de Cáceres, en relación a las dos carreteras nacionales (convencionales) que lo atraviesan: la N-630 y la N-521. Este documento perfila los tramos que se consideran urbanos (travesías), fija la línea límite de las edificaciones en los márgenes y otros aspectos, como las zonas de dominio público.

«Es importante conocer el periodo de información pública porque cualquier particular puede presentar alegaciones. También el ayuntamiento ha dado traslado de este estudio al Servicio de Infraestructura para que lo analice, compruebe que los tramos están perfectamente definidos y no se atribuye al ayuntamiento ninguno que no le compete, y en su caso no se haga sin la transferencia adecuada. No vamos a asumir ningún nuevo tramo de carretera si no viene acompañado del presupuesto que establece la ley en este sentido», indicó el portavoz.

No obstante, Mateos aclaró que en estos momentos no hay previsto ningún traslado de competencias. A día de hoy, las travesías urbanas que corresponden a la Demarcación (Fomento) son la N-521 (Delicias, Hernán Cortés, Virgen de Guadalupe, Ruta de la Plata…) y la N-630 (variante).

SINIESTRALIDAD LABORAL / También ayer se dieron a conocer los datos de siniestralidad del Ayuntamiento de Cáceres relativos a 2017. Se registraron 86 accidentes (30 derivaron en bajas médicas) y un empleado llegó a perder la vida en un accidente in itinere en la carretera de Miajadas. En su conjunto se ha producido un descenso del 27% respecto al 2016. El Gobierno municipal achaca la reducción a «las campañas de concienciación», la «formación» en riesgos laborales y «las inversiones en equipos y maquinaria».