El grupo de Converg¨ncia i Unió (CiU) impulsó la pasada semana una moción en el Parlamento con el objeto de que el Gobierno conceda bonificaciones a las empresas que mantengan en activo a sus empleados mayores de 55 años y con más de cinco de antigüedad. La iniciativa tuvo el respaldo del PP.
Pero la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, formada por todos los grupos parlamentarios, quiere que se impida "cualquier discriminación por razón de edad" y que se "delimiten los supuestos en que se destinan recursos públicos a los ajustes de plantilla con prejubilaciones".
A su vez, UGT plantea una regularización legal de la figura del prejubilado. Entre otras aportaciones, el sindicato propone que se penalice a aquellas empresas que despiden sólo por razón de edad, que las cotizaciones sociales sirvan para crear un fondo universal de prejubilaciones, que se revisen las causas de despido y que los beneficios sociales como descuentos en transportes públicos de que gozan los jubilados se trasladen a los prejubilados, explicó Toni Ferrer.
Por otra parte, CiU presentará un voto particular al borrador de reforma del Pacto de Toledo en el que exigirá que cada autonomía gestione los ingresos y los pagos a la Seguridad Social, que las comunidades puedan elevar las pensiones asistenciales y que las prestaciones se revisen cada año según el IPC de cada comunidad autónoma.
Izquierda Unida (IU) no firmará el acuerdo si el Gobierno no se compromete a equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional. Además, presentará votos particulares para limitar las exenciones fiscales de los planes de pensiones privados.
