La Comisión Europea, como adelantó el pasado sábado este diario, decidió ayer denunciar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) los poderes especiales del Gobierno para restringir el poder de voto de las empresas europeas con vínculos públicos que adquieran más del 3% de una compañía energética española. El Ejecutivo comunitario considera que esos poderes especiales, conocidos como la ley Rato, constituyen una restricción injustificada a la libre circulación de capitales, garantizada por el Tratado de la UE. La norma cuestionada ha sido evocada por el Gobierno como uno de los instrumentos legales que podía utilizar para vetar la compra de Endesa por parte de la alemana E.ON. Esos poderes especiales se establecieron en la ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado de 1999.
