La jueza Gemma Gallego, que investiga la supuesta conexión entre ETA y el 11-M por el hallazgo de ácido bórico en las casas de un islamista y un etarra, expulsó ayer del proceso al abogado del Estado, personado en la causa el pasado 10 de octubre por la condición de funcionarios de los imputados. La instructora, que ayer interrogó al secretario general de la comisaría general de información, Pedro Luis Mélida, tomó esa decisión después de que la Abogacía del Estado le pidiese el pasado viernes que anulara el proceso porque, al ser secretas las diligencias, no puede defender a los policías imputados.

En ese escrito, la Abogacía del Estado pedía a la jueza que suspendiera las declaraciones de los agentes a quienes ha citado como imputados, antes exculpados por Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional imputó a tres peritos un delito de falsedad por "crear" un documento que vinculaba a ETA con el 11-M, firmado el pasado julio pero fechado en marzo del 2005, y que el diario El Mundo publicó hace unas semanas. A estos últimos, por contra, la jueza Gallego los citó como testigos.

Los servicios jurídicos del Estado, adscritos al Ministerio de Justicia, pidieron a la juez que dejase sin efecto sus diligencias. Incluido el registro a las dependencias de la comisaría general de información, practicado pese a que los documentos están protegidos por la ley de secretos oficiales. Asimismo, le instaba a levantar el secreto sumarial porque "las actuaciones son absolutamente públicas para los medios de comunicación".

Ese escrito ha debido molestar a la jueza --candidata de una asociación afín al PP a ocupar una plaza en el Consejo General del Poder Judicial--, ya que ayer optó por expulsar de la causa a los servicios jurídicos del Estado. Como fija la doctrina del Supremo, el abogado del Estado se personó en las diligencias como eventual perjudicado y responsable civil, ante la posibilidad de que se acredite que los policías delinquieron al ejercer sus funciones.

DOBLE CONDICION Pero la jueza dice que la ley de enjuiciamiento criminal impide esa doble condición del Estado. Por ello, afirma que, al "no estar definida la condición en la que se persona la Abogacía del Estado, procede dejar en suspenso su personación". Pero avisa de que puede cambiar de opinión. Los servicios jurídicos del Estado recurrirán "de inmediato" esta decisión de la jueza.

Gallego tramita una querella contra los mandos policiales que en marzo del 2005 autorizaron que se eliminara de un borrador redactado por tres peritos una vinculación entre el 11-M y ETA. Los superiores de estos peritos consideraron que sus observaciones sobre el uso del ácido bórico eran "subjetivas". La jueza aún debe tomar declaración al subdirector de la policía, Telesforo Rubio, y a otros mandos.