Las piquetas llegarán en breve a Marbella para devolver la legalidad urbanística tras las irregularidades de los años del GIL y posteriores: el ayuntamiento anunciaba ayer los primeros derribos, dos edificios deshabitados y que no tenían posibilidad alguna de regularizarse en el nuevo plan de ordenación urbana.
Una vez que la Junta de Gobierno local ha dado el visto bueno, solo falta que alcaldía firme el decreto de demolición, algo que sucederá en breve. A partir de ese momento, las constructoras tienen un plazo de dos meses para derribar el edificio de forma voluntaria; en caso contrario, será el consistorio quien lo haga y cobre los gastos originados a las empresas.
La propia alcaldesa de la ciudad, Angeles Muñoz (PP), explicaba que uno de los inmuebles que no cuentan con licencia municipal pertenece a José Avila Rojas, procesado en la operación Malaya contra la corrupción urbanística y municipal, y al que el juez instructor vincula con el presunto cerebro de la trama, el exasesor Juan Antonio Roca.
EN ZONA VERDE Según explicó, se trata de un edificio en la zona de Golf Río Real propiedad de Naviro Inmobiliaria, que se levanta en un suelo calificado como zona verde. Una vez demolido, el terreno será equipamiento público. El otro inmueble es de la empresa Provasi y está también en zona verde.
