España y Francia continuaron ayer las negociaciones sobre el pacto europeo de inmigración. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, se entrevistó en París con el titular francés de Inmigración, Brice Hortefeux, y se mostró convencido de que en el pacto no se incluirá el polémico contrato de integración, al que España se opone. "Creo que no habrá contrato. Lo que hace falta es aplicar la ley", declaró el ministro español.

Moratinos aprovechó su asistencia en París a la conferencia internacional sobre Afganistán para entrevistarse con Hortefeux. Tras su intervención en la conferencia, explicó que la reunión con el ministro francés había sido positiva, ya que se había avanzado en los puntos en los que los dos países discrepan. El principal es la pretensión francesa de que los inmigrantes firmen un contrato de integración en el que se comprometan a aprender el idioma del país de acogida y a respetar las costumbres y valores europeos.

UN TEMA ESENCIAL Moratinos recordó que la iniciativa de llegar a un pacto europeo de inmigración surgió de una cumbre hispano-francesa. "Para España, es un tema esencial. Fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que introdujo el debate sobre la inmigración en la Unión Europea", dijo, pero se opuso a la inclusión del contrato de integración. "Con el respeto a las leyes de cada país, no hace falta ningún tipo de contrato", aseguró.

Esta ha sido la postura del Gobierno del PSOE desde que el PP propuso en la pasada campaña electoral el mismo tipo de contrato que defiende Francia. Moratinos no se comprometió a que el contrato desaparezca porque depende de la decisión de toda la UE, aunque confió en que España y Francia cierren un acuerdo en la cumbre que, presidida por Zapatero y por el primer ministro francés, François Fillon, se celebrará el próximo día 27 de junio en Zaragoza. Después, Francia presentará ese acuerdo a la UE durante la presidencia francesa, que se inicia el 1 de julio. Moratinos espera que, en el primer semestre del 2010, bajo presidencia española, se acuerde la política común europea de inmigración.