El PP se aferra a la teoría de la persecución como única estrategia de defensa ante las últimas revelaciones del caso Gürtel . La divulgación de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo de capitales, que concluye que la dirección del PP valenciano organizó una trama de financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market, provocó ayer una contundente reacción de los conservadores. El número dos de los populares valencianos, Ricardo Costa, señalado en la investigación como uno de los principales actores de la trama, acusó directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de haber instigado el informe, que tildó de "montaje sesgado, malintencionado y sin pruebas". Mientras, el Gobierno exigió a Mariano Rajoy que aclare las imputaciones.
La declaración de Costa estuvo cuidadosamente preparada. Poco antes de su comparecencia ante la prensa, su jefe directo, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, llamó por teléfono a Rajoy y le adelantó la estrategia y las acciones legales que va a emprender el partido en esa comunidad tras la publicación del informe. Costa afirmó que el PP valenciano interpondrá una denuncia contra quien ha firmado y ordenado esa investigación.
EN LAS REDACCIONES También el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, señalado como implicado en la trama, anunció que presentará una querella por injurias contra los medios de comunicación que, "haciéndose eco" del informe, "saquen conclusiones no ajustadas al contenido" del mismo.
"Si lo que aparece en el informe fueran pruebas fundamentales, estarían sobre la mesa de un juez, y no en las redacciones de los medios de comunicación --aseguró Costa--. Cuando la policía conoce un delito, lo denuncia, y no elabora un informe". Lo que no mencionó el número dos de los populares valencianos es que si el informe no está sobre la mesa de un juez es porque la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha negado a investigar los hechos.
"CUENTAS CLARAS" Costa admitió por primera vez que su partido cometió un error al contratar como proveedor a la empresa Orange Market, dirigida por Alvaro Pérez, el Bigotes , aunque, añadió, cuando lo hizo era "una garantía de prestación de servicio". Reiteró que las cuentas del PP de Valencia "están claras, fiscalizadas y auditadas por dos empresas diferentes".
Mientras Rajoy guardaba silencio, la versión de los populares valencianos era respaldada con vehemencia por el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, que tachó el informe de "montaje" urdido por "la policía gubernativa", además de "una chapuza", y exhumó el recuerdo del caso Filesa de financiación ilegal del PSOE: "Ellos tienen clavada la espina de que han sido condenados por el Supremo como un partido que ha tenido una trama de financiación corrupta".
EL GOBIERNO RESPONDE Por parte del Gobierno, tanto la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, como el ministro de Fomento, José Blanco, emplazaron a Mariano Rajoy a aclarar los hechos "cuanto antes". "Los responsables del PP deben dejar de arremeter contra todos los demás y dar explicaciones --señaló De la Vega--. Creo que Rajoy no puede seguir mirando para otro lado". "Cada minuto que pasa es ya tarde", sentenció Blanco.
También los sindicatos policiales salieron al paso de las acusaciones de utilización política vertidas por el PP. La Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía destacaron que las investigaciones policiales siempre están respaldadas por una orden judicial.
