Sin dramatismos ni concesiones graciosas, el Gobierno acepta negociar el Estatuto catalán bajo la premisa de que no cambiará el modelo de Estado. José Luis Rodríguez Zapatero interpreta que el texto pretende que España avance hacia un sistema federal sin revisar la Constitución, pero objeta que no es el instrumento adecuado para recorrer esa senda. Porque, según fuentes próximas al presidente, un estatuto "no tiene fuerza jurídica para hacerlo", y está sujeto a la primacía de las Cortes y del Tribunal Constitucional.

Zapatero lleva bastante avanzada la lectura de la versión definitiva del Estatuto, que juzga excesivamente "farragoso" en algunos puntos y "demasiado reglamentista" en su conjunto. Defectos éstos que el PSOE intentará corregir cuando el Congreso tramite el proyecto para evitar, entre otros efectos secundarios, que en el futuro una normativa tan exhaustiva y detallista encorsete al Parlamento catalán a la hora de legislar sobre sus propias competencias.

BILATERALIDAD Son muchos los puntos en los que, a juicio del jefe del Ejecutivo, se detecta la voluntad del Estatuto de impulsar una relectura de la Constitución bajo un prisma federalista. Lo hace "de forma directa" cuando levanta un andamiaje de relaciones bilaterales entre la Generalitat de Cataluña y el Estado ajeno al multilateralismo del sistema autonómico. Y también cuando reclama competencias estatales a través del artículo 150.2, o cuando reforma leyes orgánicas para ampliar el autogobierno catalán. A ojos de Zapatero, una pretensión estéril por cuanto no vincula a las Cortes, únicas legitimadas para cambiar estas normas de alto rango.

El presidente sostiene que la Carta catalana también intenta redefinir la distribución del poder entre administraciones al conferir a las competencias propias de Cataluña un carácter "excluyente" --para impedir que el Estado legisle al respeto--, y al regular otras atribuciones de un modo muy prolijo con idéntico propósito. Pero el presidente opina que ese blindaje no puede evitar que un Gobierno invada las competencias catalanas, pues en último extremo sería el Constitucional el encargado de arbitrar en el conflicto.

Aunque desmiente los vaticinios del PP sobre el cambio territorial que alumbrará el Estatuto --"cuando las Cortes lo aprueben se verá que no cambia nada", augura en privado--, a Zapatero sí le preocupan varios capítulos de la Carta catalana. Como el que fija la financiación, ya que el presidente excluye que la Generalitat recaude todos los impuestos y devuelva una parte al Estado. Renegociar este título del Estatuto catalán, predice, servirá para fijar los límites de la futura financiación autonómica.

LA CAJA UNICA También el apartado económico inquieta al presidente. Estima que la regulación de bancos, cajas, seguros y mutuas (artículo 127) atenta contra "la unidad de mercado" y contra la potestad estatal para ordenar la economía. Cree igualmente que el artículo 165 pone en peligro la caja única de la Seguridad, "el gran instrumento de solidaridad que tiene el Estado". Y, respecto al control de los aeropuertos (artículo 140), descarta su cesión, pero no una gestión compartida.

Menos parece incomodarle que Cataluña se defina como "nación". Acepta tal reconocimiento con "carácter simbólico", pero aclara que no dará a los catalanes "un derecho más que al resto de los españoles".

"PURA POLITICA" A pesar de este largo rosario de reparos, Zapatero confía en el acuerdo porque, más allá de debates jurídicos, el modelo constitucional "aboca al pacto". "Es pura política", resume. Pura política es también su decisión de que PSOE y PSC pacten un catálogo de principios sobre el Estatuto, con el que quiere acallar voces críticas y reducir tensiones en el trámite parlamentario.