«En las primeras 72 horas más de ochenta personas se habían puesto en contacto con nosotros. Estamos hablando con gente de Cáceres, Badajoz, Mérida, Zafra, Almendralejo, Don Benito....», asegura Juan Luis Picado, director de Picado Abogados. Este despacho habilitó la semana pasada en su página web un espacio para que los afectados por la pérdida de valor de las acciones, bonos y deuda del Banco Popular pudieran asesorarse con ellos y también facilitó información en las proximidades de las oficinas que esta entidad tiene en la región. «Ninguna de las acciones que hemos puesto en marcha hasta ahora había tenido tanta respuesta y de una forma tan inmediata», apunta este letrado. «La gente está muy cabreada y muy perdida», agrega. A día de hoy, ya rondan el centenar los afectados que se han puesto en contacto con ellos.
En toda España son unos 300.000 los accionistas del Popular que han visto como su inversión perdía todo el valor de la noche a la mañana al venderse este banco al Santander por el precio simbólico de un euro. Aunque no se han dado datos regionalizados, en Extremadura, donde el banco tenía una red de una veintena de sucursales, la cifra probablemente sea de varios millares.
En el caso de Adicae, su coordinador en Extremadura, Diego Escudero, indica que a las oficinas de esta asociación está llegando un «goteo» de clientes del Popular si bien, precisa, «no es muy alto en comparación a otros casos que hemos tenido, como por ejemplo con las acciones de Bankia, donde la afluencia fue más masiva». Respecto a entonces, también difiere el perfil del inversor afectado. Esta vez, explica, lo más habitual es que se trate de una persona «con experiencia previa» en compra de este tipo de productos financieros, y que efectuó un desembolso medio «a partir de 30.000 euros».
Picado coincide en que hay diferencias respecto a otros contenciosos anteriores con entidades bancarias en cuanto a la cuantía de lo invertido. «Aquí no pasa como con Bankia, donde había gente que tenía 2.000 o 3.000 euros y, por contra, salvo los institucionales, no había prácticamente inversores con más de cien mil euros. Esta vez hay muy poquitos con poco importe y mucha gente que tiene de 20.000 euros para arriba», sostiene. Teniendo en cuenta solo tres de los casos que han llegado a su despacho hasta ahora, se está cerca del millón de euros. «Esta gente no ha ido a por jubilados, sino a por autónomos o profesionales con cierta solvencia o por empresarios que saben que facturan mucho», apostilla.
Casuística variada
La casuística, detalla Picado, es muy variada: accionistas del banco «de toda la vida»; quienes compraron bonos convertibles o deuda subordinada; y los que fueron a las ampliaciones de capital del 2012 y del 2016. «Habrá que ir caso por caso, pero todos los que hemos podido ver hasta ahora los considero viables a nivel jurídico y judicial», resalta.
En cuanto a las ampliaciones de capital, remarca que son reclamables tanto la del año pasado como la del 2012. Esta última, incide, no está prescrita, una vez que el plazo para ello empieza a contar desde «cuando se enteraron de que esto era una gran mentira».
Además, hace hincapié en que «hay un hecho muy grave» en estas ampliaciones, «que el banco ha estado dando préstamos y créditos para comprar sus acciones. Esto en principio lo permite la ley, pero cumpliendo dos requisitos: que la financiación se dé a precio de mercado, algo que no se ha cumplido, y que las acciones no se computen como capital de la entidad. Y esto lo ha hecho».
Una mecánica habitual, subraya, ha sido la de ofrecer préstamos con intereses muy bajos a cambio de suscribir también la financiación necesaria para comprar las acciones, una operación que «te hacían ver que te saldría gratis gracias al dinero que ibas a ganar con ellas». «Ahora se encuentran que no tienen acciones pero deben un crédito que ni necesitaban ni querían», destaca. En algunos casos, la devolución de principal e intereses les puede suponer entre 2.000 y 3.000 euros cada mes.
Desde el Santander se ha asegurado que se está buscando una solución para pequeños accionistas que sean clientes del banco. Para Picado, esto «suena más que nada a una operación para tranquilizar a la gente y que no les lluevan un montón de demandas». A su juicio, está claro que «dinero en efectivo no van a dar, buscarán otro tipo de productos». «Yo diría que va a ser a la gente con una inversión menor de 10.000 euros, como mucho. De ahí para arriba la gente lo va a tener que pelear en los juzgados», vaticina.
También la plantilla
Muchos de los empleados del Popular, un centenar de ellos en la región, también se han visto atrapados por la pérdida de valor de sus acciones. «Ha sido habitual que los trabajadores hayan acudido a las ampliaciones de capital. Se les ha incentivado a ello y se les ha financiado con préstamos personales», esgrimen fuentes sindicales del sector financiero en la región. A nivel nacional, «calculamos que un 75% de la plantilla posee acciones, unos más, otros menos», indica Joan Sierra, secretario general de la Agrupación del Sector Financiero de Comisiones Obreras (CCOO).
Aparte de la «presión comercial» que pueda haber habido, Sierra también menciona como factor que ha influido a la hora de que muchos empleados fueran a las ampliaciones el de «la vinculación personal de gran parte de la plantilla» con el banco. «Su propósito era ayudar a que la entidad pudiera «tirar para adelante», aduce.
Ahora, a la angustia de ver que «las inversiones que habían hecho valen cero», se suman los «temores» por qué va a pasar con sus puestos de trabajo ante la absorción del Banco Santander.
