La Asociación Regional de Transporte Escolar (Artex) no pedirá la ejecución de la sentencia que anula el contrato de este servicio adjudicado en 2012 por la Junta de Extremadura, garantizando así que el servicio comience con "total normalidad" a partir del 14 de septiembre con el inicio del curso. Así lo señaló ayer el presidente de Artex, Juan José Campos, tras mantener una reunión con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a fin de buscar una solución al problema del transporte escolar en la región tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
El fallo conocido la semana pasada anula el contrato del servicio de transporte escolar adjudicado en 2012 por el anterior gobierno, con 478 rutas y vigente hasta 2016. Tras la reunión, Campos subrayó que había habido "sintonía" con el actual Ejecutivo y que salía con sensaciones "positivas" tras sentar las bases de lo que será un transporte escolar de "calidad y modelo para la región".
Campos anunció que la asociación retirará con "efecto inmediato" el recurso interpuesto en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Economía, contra el acuerdo marco del servicio de transporte escolar aprobado el pasado 12 de mayo. Con el mismo se sacaron a licitación 145 rutas que no estaban contempladas en el concurso de 2012. Con la retirada del recurso, la asociación "deja" que estas 145 nuevas rutas salgan a licitación y, del mismo modo, se empiece a negociar el próximo concurso de las rutas restantes.
Según informó, "el acuerdo marco está prácticamente ejecutado", ya que no se han puesto "cortapisas para que se lleve a cabo" aunque, aseveró, este servicio "tiene que tomar otra vertiente", de forma "consensuada entre todos", administración y el sector del transporte.
El propio presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, anunció la semana pasada que se produciría este encuentro con el fin de buscar "una salida" a una "situación complicada a escaso mes y medio del inicio del curso escolar". Se trata, dijo entonces, de abrir una "vía de diálogo" para llegar a "un acuerdo" que afectase al cumplimiento de la sentencia en función de que se ejecutase o no y para la puesta en marcha del nuevo decreto que regule el servicio "en términos razonables", en el que todo se haga "negociado" y no por "imposiciones".
