La Delegación del Gobierno en Extremadura no autorizará la instalación de cámaras de seguridad en las vías públicas de las localidades pacenses de Olivenza y Llerena, porque, según su titular, Carmen Pereira, "no se dan circunstancias que justifiquen una medida tan extraordinaria". En declaraciones a los periodistas, Pereira recordó que ayer se reunió en Cáceres, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la región con el fin de estudiar la petición de instalación de estas videocámaras solicitada por los ayuntamientos de Llerena y Olivenza. Esta comisión está integrada por el presidente y el fiscal jefe del TSJEx, Julio Márquez de Prado y Aurelio Blanco; un abogado del Estado, José María García; un representante de la Federación de Municipios, Antonio Jiménez; un representante de la Delegación del Gobierno, Juan Manuel Fortuna; el teniente coronel de la Comandancia de Cáceres de la Guardia Civil, José Ángel Giro, y el jefe superior de Policía, Eusebio Escribano. La delegada del Gobierno explicó que la instalación de este tipo de cámaras de seguridad "limitan un derecho fundamental de las personas, como es el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", por lo que estas peticiones, dijo, "hay que evaluarlas con muchísima atención"."No existen circunstancias excepcionales A su juicio, un permiso de este tipo "se tiene que dar cuando existen circunstancias excepcionales o extraordinarias que justifiquen una limitación de derechos", como pueden ser actos vandálicos continuados o situaciones de inseguridad que en su opinión no se dan ni en Olivenza ni en Llerena. Pereira recordó que el informe de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Extremadura es vinculante cuando es negativo, por lo que anunció que no se aprobará la instalación de estas cámaras de seguridad en las vías públicas de ambas localidades pacenses ya que no se dan, insistió, circunstancias que lo justifiquen. Los alcaldes de Llerena y Olivenza, los socialistas Valentín Cortés y Ramón Rocha, habían justificado su petición en el aumento de actos vandálicos y destrozos en ciertas zonas del casco urbano.
