Nuevas normas para montar un parque eólico en Extremadura. La principal novedad: seguirá siendo obligatorio crear tres puestos de trabajo por megavatios, pero se podrá sustituir por un convenio con el ayuntamiento del municipio donde se vaya a instalar la planta, mediante el que se ceda al menos el 8% de la facturación a la administración local para crear empleo.

Además, ya no habrá una convocatoria única con un plazo para presentar los proyectos, sino que estará abierto de forma indefinida desde la entrada en vigor (el próximo 1 de octubre) del decreto que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y presentó el consejero de Industria, José Luis Navarro. Para evitar duplicidades, la Junta publicará la solicitud de autorización de cada planta para que durante un mes se presenten los posibles competidores y autorizará el que considere mejor en función de una serie de criterios (creación de empleo, anteriores peticiones, medio ambiente...).

Por otro lado, habrá más espacio en la región para construir parques eólicos, ya que se reduce en un 10% la superficie de las zonas geográficas excluidas para la instalación de este tipo de plantas por motivos medioambientales. Al respecto, explicó que tanto en el decreto vigente ahora como el que entrará en funcionamiento en octubre no hay un criterio único para definirlas, sino varios --como la cota, accidentes geográficos, etcétera-- y aseguró que se ha analizado la evaluación de las que se excluyeron inicialmente y se han eliminado algunas, pero manteniendo que hay áreas "intocables" a efectos de la energía eólica, aunque en ellas se pueden desarrollar otras actividades, "incluso energéticas".

¿COMO ABRIR UN PARQUE? Con el nuevo decreto, quienes deseen construir un parque tendrán que hacer una primera solicitud muy sencilla, en la que incluyan una breve descripción del parque y el plano de ubicación. Esta será publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para que, en el plazo de un mes, otros promotores interesados en construir una planta de este tipo en la misma zona presenten también sus propuestas.

En caso de no haber competencia, la solicitud continuará el proceso individualmente. Si hay dos o más proyectos, todos tendrán que presentar la documentación un poco ampliada, incluyendo un estudio de explotación del parque y una memoria de las actuaciones de desarrollo socioeconómico.

Esta última bien incluirá la creación de tres puestos de trabajo por megavatio --que deberán mantenerse durante diez años-- o bien una propuesta de convenio con el ayuntamiento del municipio afectado, al que se le cederá durante 25 años el 8% de la facturación para crear empleo. Dichos fondos se repartirán en una proporción del 70% y 30% entre el consistorio y la mancomunidad a la que pertenezca y en todo caso deberán destinarse a generar puestos de trabajo.

Asimismo, los promotores presentarán sendos informes de viabilidad sobre medioambiente y urbanismo. Toda esta documentación será analizada por la Administración regional --en un plazo de seis meses desde que se cierre el proceso de exposición pública--, que deberá decidir qué iniciativa autoriza (lo normal será seleccionar una, aunque puede haber compatibilidades), en base a 10 criterios "objetivos" recogidos en el decreto.

Como ejemplos, el consejero citó las actuaciones de desarrollo socioeconómico (que podrán aportar hasta 30 puntos), que exista una solicitud previa del mismo proyecto (10), la disponibilidad de terrenos (10) el estado de tramitación del punto de evacuación de energía (10 puntos) y así hasta completar una puntuación máxima de 100.

Una vez seleccionado el parque o parques, comenzará la tramitación "normal", que incluye pasos tradicionales como la presentación del proyecto completo o del estudio de impacto ambiental y la introducción de otros nuevos, como el depósito de una fianza de 18.000 euros. En este sentido, el consejero de Industria recordó que la Administración autonómica tiene competencia para autorizar la instalación de las plantas, pero no para conceder el derecho a las primas.

En ese sentido, recordó que 22 proyectos aprobados por el Gobierno regional en base al anterior decreto no pudieron, a finales del año pasado, ser incluidos en el registro de preasignación de primas, por no cumplir todos los requisitos. Para posibilitar su puesta en marcha y la del resto de iniciativas que se presenten en la región, Navarro aseguró que está instando, con el apoyo de la oposición en Extremadura, al Ministerio de Industria y el PP nacional a cerrar su acuerdo sobre este tema.