La Junta de Extremadura ha subrayado que las competencias en materia de sanidad penitenciaria, que en esta legislatura pasarán a manos de las comunidades autónomas, deben estar acompañadas de dotación presupuestaria. El Gobierno regional se ha pronunciado así después de que el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, anunciara esta semana que la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas se llevará a cabo en esta legislatura.

«No hay ningún problema en abrir la negociación para el traspaso de esas competencias, que las asumiremos si vienen acompañadas de dotación presupuestaria», han remarcado fuentes del Gobierno extremeño.

De hecho, esta exigencia de financiación planteada por el Ejecutivo regional es respaldada por todos los Grupos Parlamentario de la Asamblea extremeña (PSOE, PP, C’s y Podemos), tal como quedó reflejado en la sesión plenaria celebrada en noviembre de 2016.

Arroyo adelantó las intenciones del Gobierno central en la “Jornada sobre el VIH. Nuevos retos y oportunidades de la Sanidad Penitenciaria”, organizada por la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida), cuyo presidente, Juan Ramón Barrios, reconoció que se trata de «una muy buena noticia», aunque advirtió que «lo recibimos con cautela, ya que son muchos años los que llevamos esperando».

Según Carmen Hoyos, coordinadora del Grupo de Trabajo de Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, «el incumplimiento de las transferencias repercute en la asistencia que están recibiendo las personas privadas de libertad, como el aislamiento informático». En noviembre del pasado año, el pleno de la Asamblea extremeña aprobó por unanimidad que la Junta solicitara al Gobierno la transferencia de las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria con la consiguiente financiación, tal y como recoge la ley aprobada en 2003. En la propuesta de Podemos, enmendada por Ciudadanos (en lo referente a que se haga con financiación), se recuerda que el Reglamento Penitenciario prevé que a los internos se les garantizará una atención sanitaria equivalente a la del resto de ciudadanos, pero la realidad es que hay falta de equidad en esa asistencia, lo que conlleva deficiencias.