Despejar las dudas que hayan surgido en torno a la Ley del Suelo y garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible de los 85 municipios extremeños que pertenecen a la Red Natura, que ocupa el 30% del territorio regional. Estos son los principales argumentos que han utilizado los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular para avalar la modificación de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX), que obtuvo ayer el visto bueno de la Asamblea.

En concreto, se ha modificado el artículo 11 a fin de clarificar que la inclusión de un espacio en la Red Natura 2000 no implica necesariamente su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales y bajo el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental.

Esta modificación, con la que se otorga respaldo legal al complejo Isla de Valdecañas, llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declarase nulo el citado proyecto urbanístico que pasará a presentarse dentro del Plan de Ordenación Urbana de El Gordo, municipio al que pertenece. La resolución del máximo órgano judicial de Extremadura, que ha sido recurrida por la Junta ante el Tribunal Supremo, ha motivado la convocatoria urgente del pleno extraordinario celebrado ayer con ánimo de despejar las dudas que pudieran haber surgido en torno a la verdadera voluntad del legislador en materia de ordenación urbanística y medioambiental.

En su intervención, el diputado del PSOE, Valentín García, ha destacado que "una sociedad moderna y cohesionada no puede comprometer a una parte de ella al lado oscuro del pasado con menos empleo y posibilidades". A su juicio, la reforma pretende "salvaguardar los intereses generales del presente y del futuro", garantizando el desarrollo sostenible de todos los municipios. Para la diputada del PP, Teresa Angulo, el hecho de que la región tenga más del 30% de su superficie bajo algún régimen de protección no puede suponer un obstáculo para que todos sus habitantes disfruten de los mismos derechos e idéntica calidad de vida, ingredientes necesarios en la lucha contra la despoblación de estas zonas. Además, ha exigido al Gobierno regional "más exhaustividad, rigor y ajuste a la legalidad de todas las acciones que ejecute".

Las reacciones tras la modificación de la Ley del Suelo no se han hecho esperar. A las críticas de los grupos ecologistas, se suma también la de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quien denuncia la "gravedad" de los hechos porque "viola el Estado de Derecho y la división de poderes".